Las encuestas respaldan lo que todos sabemos: la seguridad es hoy la principal preocupación de los chilenos, desplazando, incluso, otras urgencias como la inflación o el tema previsional.

En Vitacura, en 2021, implementamos un Plan Integral de Seguridad Pública, con un enfoque basado, principalmente, en la actuación en flagrancia, en coordinación con las policías, Fiscalía, otros municipios y patrullajes mixtos en sectores georreferenciados según los delitos perpetrados.

Los resultados de nuestra estrategia nos posicionan, hoy, como una de las comunas con mejor desempeño en la reducción de los delitos.

Según datos proporcionados por la Fiscalía, durante el período de enero a junio de 2023 —comparado con el mismo período del año anterior—, Vitacura logró una destacable reducción del 51% en encerronas y portonazos, una disminución del 48% en los robos con violencia, y una baja del 46% en los robos en lugar habitado.

En lo que va corrido del año, un 96% de los condenados por delitos cometidos en Vitacura, en los que interviene nuestra Oficina de Protección a las Víctimas, fue detenido en flagrancia. Estamos aportando a toda la Región Metropolitana, porque cuando desbaratamos una banda, estamos evitando que delincan, también, en otras comunas.

Sin embargo, estas cifras alentadoras se ven amenazadas por un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo a finales de mayo, que, paradójicamente, busca fortalecer el papel de las municipalidades en la prevención del delito.

Propone, entre otras cosas, que el personal municipal de seguridad solo pueda intervenir en procedimientos policiales de bajo nivel de riesgo y asistir a las víctimas únicamente después de perpetrado el delito, lo que restringe gravemente la actuación en flagrancia.

Con lo anterior, se dejaría a los patrulleros de seguridad por debajo del umbral de derechos de los ciudadanos comunes y corrientes, que —tal como lo indica el Código Procesal Penal— sí están habilitados para detener en flagrancia.

Además, y de manera muy preocupante, limita el involucramiento de los alcaldes en temas que son centrales para la implementación de una estrategia de seguridad comunal, centralizando la toma de decisiones en la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Hoy, Carabineros no da abasto: existe un déficit de más de 10 mil efectivos a lo largo del país, tal como lo ha reconocido la institución.

Este proyecto, a todas luces, corta las alas a los municipios y no se hace cargo de entregar nuevas facultades que tanto hemos demandado, como funciones administrativas y control de incivilidades y que, así, Carabineros pueda concentrarse en el combate de los delitos más violentos. Podríamos colaborar, por ejemplo, en el control de carreras no autorizadas y del comercio ambulante o, incluso, encargarnos del traslado a unidades policiales de personas con órdenes de arresto.

El martes 22 de agosto fui invitada a exponer en la Cámara de Diputados sobre este proyecto de ley, y si bien veo voluntad de avanzar, al mismo tiempo, observo con preocupación que carece de un necesario, y obvio, sentido de urgencia.

Reitero mi genuina disposición a contribuir desde las lecciones aprendidas en Vitacura.

Camila Merino Catalán
Alcaldesa de Vitacura