Señor Director:

Siempre me llamó la atención el secreto establecido por el legislador respecto de algunos puntos del Informe Valech, en materias que a todas luces eran, y siguen siendo, del más alto interés público e histórico. Me cuesta entender una norma de este tipo, y muchas veces en el Consejo para la Transparencia hemos tenido que hacerla valer. Muchos de mi generación carecemos de la información de contexto y de época que llevó al legislador a establecer esta excepción, aunque bien se puede imaginar que la complejidad de la materia y las tensiones y temores que generaba llevaron a ello.

En los últimos días se ha planteado la idea de terminar con ese secreto. El paso de los años muchas veces hace que el peso de las razones y circunstancias que en un momento se consideraron cambien y dejen de tener el mismo peso, por lo que al volver a ponderar, nos parezca una restricción injustificada y extemporánea.

Pero el asunto es más complejo, y obliga a realizar muchos otros niveles de análisis antes de dar luz verde a este cambio legal. Uno de los aspectos más delicados tiene que ver con la necesaria confianza que debe existir en la conducta del Estado que garantiza a alguien un secreto, por razones de seguridad nacional o lo que sea. ¿Podemos confiar en un Estado que nos dijo que guardaría un secreto, y luego, sin preguntarnos, lo revela?

Hace pocos días se promulgó el nuevo estatuto del denunciante anónimo, herramienta fundamental en la lucha contra el crimen y la corrupción. ¿Quién en su sano juicio se atreverá a realizar una denuncia bajo reserva de identidad, sabiendo que en otras materias, por la razón que sea, un nombre protegido fue revelado?

Los cambios bruscos de reglas del juego son muy riesgosos, y pueden dañar la confianza de base. Por lo mismo, deben ser evaluados con mucha calma y altura de miras, incluso cuando la reforma que se propone tenga pleno sentido y apunte a un fin positivo.

Francisco J. Leturia I.
Presidente Consejo para la Transparencia