La Comisión asesora ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado, más conocida como la Comisión Jaraquemada, acaba de entregar su informe. La comisión fue convocada a raíz de irregularidades detectadas en el marco de transferencias entregadas por distintas reparticiones estatales a organizaciones sin fines de lucro para la realización de tareas sociales.

Su informe comienza relevando la importancia de estas entidades de la sociedad civil que, desde lo privado, aportan al desarrollo, el bienestar y la cohesión social. Luego, las caracteriza de acuerdo a sus actividades y la normativa que las regula, y describe detenidamente sus formas de relación con el Estado. Finalmente, sobre la base de un diagnóstico detallado, entrega un conjunto valioso de recomendaciones.

Es de esperar que, junto con distintas propuestas que se han ido levantando en torno a la modernización del Estado y un mejor marco de probidad, estas medidas se discutan y se transformen en iniciativas que ayuden a recuperar la confianza en lo público.

A mi juicio, la conversación que necesitamos tener respecto de la relación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil tiene varios pasos que seguir que incluyen estas propuestas.

El primero es reconocer la amplitud de tareas de alta relevancia que en Chile las entidades privadas sin fines de lucro realizan con un encargo desde el Estado y con financiamiento público. Ello incluye buena parte de la matrícula escolar, el cuidado de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, y el cuidado de adultos mayores vulnerables y de personas con discapacidad, entre otros. También debemos preguntarnos cuáles tareas se han delegado a privados, porque nuestro Estado es relativamente pequeño y no da abasto, y cuáles son propias de una alianza entre la sociedad civil y el Estado, o incluso solo privadas.

Luego, debemos preguntarnos de qué se tratan las tareas que se delegan y quién las puede realizar. Muchas de estas labores necesitan escala, inversión e infraestructura. Un trabajo efectivo también requiere de la confianza de las comunidades con las que se trabaja y de las personas a quienes se atiende. Se trata de capacidades que no se construyen de un día para otro y cuya mantención requiere de una relación estable con el Estado o con quien realiza el encargo. Por lo mismo, los concursos y convenios de una vez pueden estar bien para tareas puntuales y estandarizables, pero no para otras de más largo aliento y que requieren de una confianza especial.

Asimismo, es importante contar con un buen balance entre control, eficiencia y espacio para un cumplimiento eficaz de las tareas encomendadas. La experiencia que más conozco es la de la Fundación Superación de la Pobreza, cuyo directorio presido y que lleva casi treinta años trabajando en alianza con el Estado, apoyando a las comunidades más apartadas y vulnerables del país para la activación de sus propias capacidades.

Esta experiencia sugiere que el Estado sí ejerce mucho control y que firma convenios detallados, que especifican tareas, metas, indicadores, planes de trabajo, acciones, gastos permitidos, formas de rendición, plazos y pólizas de garantía, y que son supervisados por la Contraloría y las propias reparticiones. Los modos de control, sin embargo, no son unificados (rendiciones electrónicas o en papel, por ejemplo, o el tipo de documentos de acreditación que se exige) ni la agilidad con la que las reparticiones públicas responden.

Asimismo, nuestra experiencia y la de muchas otras organizaciones sugiere que hay mucho más que la sociedad civil puede hacer en transparencia activa. La propuesta de FECU social que ha empujado la Comunidad de Organizaciones Solidarias es valiosa en este sentido. Al mismo tiempo, las rendiciones deben realizarse no solo ante el Estado, sino también ante las propias comunidades con la que se trabaja, pues ellas son protagonistas de las labores realizadas. Adicionalmente, como sugiere la Comisión Jaraquemada, también hay mucho espacio para gobiernos corporativos más fuertes, lo que en ocasiones pasa por acceso a mayores recursos financieros y humanos.

La sociedad civil cumple un rol insustituible conectando a las comunidades con las oportunidades, prestando apoyo a quienes experimentan la vulnerabilidad y realizando tareas que el Estado no es capaz de abordar. Este esfuerzo de revisión de la relación entre el Estado y las organizaciones es una oportunidad para fortalecer el trabajo que realizan y reforzar su incidencia en el bienestar y la cohesión social. Una conversación estratégica con los diversos actores, que enriquezca las propuestas de la comisión y apoye su diseño e implementación, debe ser parte sustantiva de esta agenda.