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Editorial
Jueves 31 de agosto de 2023
Reivindicación y crispación
El Gobierno ha preferido reivindicar a la UP y confrontar a la oposición, antes que promover una reflexión constructiva.
Previsible era que la conmemoración de los 50 años del golpe militar implicara un desafío mayor para el Gobierno, por las diferentes visiones y sensibilidades que cruzan a la sociedad chilena respecto del 11 de septiembre de 1973. Se hubiera esperado que medio siglo fuera un período razonable para ponderar con altura de miras un episodio que la ciudadanía declara considerar de suma relevancia como hecho histórico, pero que no prioriza debido a las múltiples preocupaciones que la cotidianidad le depara.
Las declaraciones de hace unos meses del Presidente Boric respecto de la necesidad de reflexionar sobre la Unidad Popular y su decisión de formar un equipo encabezado por el periodista Patricio Fernández para organizar las conmemoraciones hacían abrigar la esperanza de generar un contexto propicio para analizar los hechos de aquellos años con visión crítica y sacar lecciones que permitiesen enriquecer el presente y construir un futuro sin anclajes en el pasado. Sin embargo, a medida que se acerca la fecha —reveladora fue la renuncia de Fernández al cargo—, tales expectativas han venido siendo sistemáticamente defraudadas y las posiciones solo parecen extremarse. Responsables de esta crispación han sido las propias autoridades que, lejos de perseverar en el anunciado ánimo reflexivo, han terminado asumiendo un discurso que fluctúa entre las referencias agresivas hacia la oposición y la idealización del programa de la Unidad Popular. Ha sido el mismo Boric quien ha encabezado la reivindicación de la UP, período cuyo balance incluye una reforma agraria radical a cuyo impulsor el mandatario recientemente homenajeó, omitiendo cómo esa política destruyó la producción agrícola y sembró de violencia los campos; la estatización de la actividad económica mediante el uso de resquicios legales; la polarización del país, y las tensiones que debió afrontar Allende en su coalición debido a las diferencias entre quienes querían imponer la revolución socialista por las armas y quienes optaban por la vía pacífica.
El cronograma preparado comprende una serie de actividades conmemorativas que apelan a la memoria de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar, con la instalación de placas recordatorias y visitas guiadas, algunas —incluso— encabezadas por ministros. Piezas comunicacionales, actos académicos y hasta una exposición en el Centro Cultural La Moneda denominada “¿Cómo diseñar una revolución?”, también acompañan el programa oficial. El evento destacado será el 11 de septiembre, cuando el mandatario reciba a los visitantes extranjeros y a los familiares y colaboradores de Salvador Allende. Allí realizaría un llamado a las fuerzas políticas para firmar un compromiso de defensa de la democracia, iniciativa que anunció originalmente en una entrevista radial en el extranjero sin haberla consensuado con los distintos sectores, frustrando su propia convocatoria. En este contexto, si gestos como la simplificada idealización del gobierno de Allende no contribuyen a construir consensos, menos aún lo hacen dichos como los expresados respecto del suicidio de un condenado por el asesinato de Víctor Jara al momento de su detención, tocando un tema de gran sensibilidad. Empaña, a su vez, una iniciativa tan valorable como el Plan de Búsqueda de las víctimas de desaparición forzada el que el mismo mandatario inicie una controversia artificial a propósito de la no asistencia de los partidos opositores a la ceremonia de lanzamiento; más aun cuando el presidente de la UDI ha señalado no haber recibido invitación.
En definitiva, el acento puesto en la reivindicación de la UP, desconociendo sus errores y dificultades, en un intento por explicar con paradigmas de hace medio siglo la realidad actual, ha dificultado que este aniversario sea la oportunidad para reflexionar sobre esos años convulsos y su trágico desenlace. Ello es lamentable, pues el Presidente, como representante de una nueva generación, tiene la oportunidad de contribuir a sanar las heridas de las generaciones anteriores, para así permitir que las que vendrán no deban soportar la carga de división que impide avanzar y enfrentar un futuro común.