El sistema educativo nacional está en crisis y el Colegio de Profesores es, al menos parcialmente, responsable. En un escenario marcado por los negativos efectos sobre los aprendizajes y la socialización de los estudiantes producidos por el prolongado cierre de colegios durante la pandemia —la directiva del gremio fue una fuerte opositora a abrirlos—, la decisión de impulsar un paro indefinido es simplemente difícil de digerir. Padres y apoderados —y, a estas alturas, la sociedad civil en su conjunto— han entendido la imperiosa necesidad no solo de normalizar el retorno a clases, sino también de un esfuerzo adicional para acotar, y ojalá revertir, el impacto de más de 250 días con las escuelas cerradas entre 2020 y 2021.

Es evidente que la actual administración tiene su propia responsabilidad en este conflicto. Como candidato presidencial, Gabriel Boric planteó “un proceso de reparación de la deuda histórica de las y los docentes”. Lamentablemente —y en lo que ha sido una continua y general fuente de frustración—, propuestas de este tipo no estaban acompañadas por un análisis de costos, por lo que su factibilidad ya entonces fue cuestionada. Pero incluso asumido el Gobierno, el mandatario siguió mencionando el tema, que tocó aun en su última Cuenta Pública.

Tales señales, por supuesto, no ayudaron a contener las expectativas de los docentes, los que, cuando el propio discurso de las autoridades sugiere un contexto de recuperación económica, demandan el cumplimiento de la promesa que alguna vez se les hizo. Ahora, sin embargo, considerando un Estado que no dispone de márgenes financieros, la administración Boric se ha visto obligada a reinterpretar sus propios dichos, buscando alternativas que abaraten el costo económico de la medida, que se estima superaría largamente los 8.000 millones de dólares. En estas estrechas condiciones se desarrollan los esfuerzos del Ministerio de Educación por evitar la prolongación del paro.

Este tipo de negociaciones han sido comunes en Chile durante las últimas décadas. Sin embargo, pareciera que ni el Colegio de Profesores ni el propio Gobierno han tomado plena conciencia del nuevo contexto que rodea a este conflicto. Desde luego, el negativo impacto de la pandemia y la responsabilidad del gremio en agudizarlo son dos elementos inseparables, que, desde el punto de vista de la población, disminuyen aún más la ya dudosa legitimidad de un paro como este, reduciendo de paso el poder negociador de una organización gremial cuyos dirigentes parecen empecinados en distanciar a las familias de los establecimientos educacionales. Esto, en el largo plazo, junto con generar mayor desprestigio para el Colegio, solo contribuye a debilitar aún más su posición negociadora.

Pero, además, parece olvidarse cómo las recientes innovaciones tecnológicas han traído nuevas alternativas para los sostenedores y, particularmente, las familias. La educación virtual, si bien dista de ser un óptimo desde el punto de vista de los aprendizajes, es una realidad que ya fue masificada durante la pandemia y que puede ser explorada en circunstancias de paralización. Una restricción puede ser la de contar con profesores efectivamente dispuestos a participar, pero la posibilidad de acceder a plataformas educativas en el extranjero, muchas veces de calidad comprobada, puede constituir una opción factible para los hogares. La alternativa tecnológica es aún más atractiva si se considera que reemplazaría lo que es hoy en muchos casos una educación de mala calidad. Entonces, no sorprendería que incluso municipios consideraran esta posibilidad en el evento de una paralización prolongada. Esto —que, cabe reiterar, no es la solución ideal, pero sí una alternativa— también limita el poder de negociación de un gremio ya debilitado y que, con sus propias miopes decisiones, solo empeora su propia posición.

En un contexto anormal, con millones de estudiantes que han visto interrumpidos sus aprendizajes por la pandemia y con procesos educativos afectados por la violencia —no es posible olvidar la oposición de la directiva del gremio frente a medidas para contenerla, como fue Aula Segura—, los profesores del país debieran ponderar los costos del peligroso camino por el que parece conducirlos un liderazgo gremial que está comprometiendo la necesaria valoración ciudadana de la profesión docente, pilar de cualquier estrategia para el mejoramiento de la educación.