Se ha reactivado la discusión del proyecto de ley que reforma la sociedad conyugal, con el retiro de indicaciones del expresidente Piñera y un nuevo listado de indicaciones del Presidente Boric y de otras senadoras y senadores.

El acuerdo de solución amistosa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relativo a Sonia Arce, del 2007, establecía que la mujer tiene derecho a administrar sus propios bienes, pero han pasado ya más de quince años y aún no se legisla en esta materia.

Es positivo que se derogue la frase de que el marido es el jefe de la sociedad conyugal —frase que sería útil en el siglo pasado, pero que hoy es una expresión de un machismo exacerbado— y que se cambie el modelo por uno de cogestión separada, salvo ciertos actos jurídicos relativos a los bienes sociales, dentro de los cuales se incluyen los vehículos motorizados, las acciones y derechos en sociedades, concesiones y naves o aeronaves. Nos parece bien que se incluya en este régimen a los matrimonios de personas del mismo sexo, y que siga siendo el régimen supletorio que se aplica por defecto de pacto expreso, ya que es un régimen solidario.

Tenemos algunas discrepancias respecto de la afectación de bienes familiares, ya que si es de común acuerdo y se inscribe la escritura pública, es oponible a terceros, pero no compartimos que en la afectación judicial la sola presentación de la demanda transforme provisoriamente el bien en familiar antes de que se inscriba en el Registro Conservatorio y que esto no sea oponible a terceros.

En cuanto al haber social, parece conveniente eliminar el haber relativo, que son bienes que ingresan a la sociedad pero con cargo de recompensa, ya que este haber complejiza demasiado la liquidación del régimen de bienes, sobre todo cuando se hace por escritura pública prevista en el Código Civil. El haber absoluto son bienes que se adquieren a título oneroso durante la sociedad conyugal y los frutos de los bienes sociales y de los bienes propios. Es un avance en materia de igualdad que se otorgue a la mujer la posibilidad de administrar sus bienes propios con libertad respecto del marido o de su cónyuge.

Lo que sí nos parece un retroceso es la eliminación del patrimonio reservado de la mujer casada, que es una herramienta de discriminación positiva para que la mujer se incorpore al trabajo. En tal evento, es posible que se entregue la administración de los bienes sociales al marido o a una de las mujeres tratándose de matrimonios entre personas de sexo femenino, y con ello se da la posibilidad de que la cónyuge del marido administrador, o de la mujer administradora, pueda hacerse de bienes reservados que administra ella como producto de su trabajo remunerado y separado del otro cónyuge.

Es curioso que una indicación de las senadoras Pascual y Allende proponga un artículo 1736 bis que dispone que “pertenecerá a la mujer casada en sociedad conyugal el bien inmueble que adquiera por medio de subsidio habitacional”. Lo mismo respecto de las indicaciones del Presidente Boric que establecen que pueden renunciarse los gananciales y así el inmueble adquirido por uno de los cónyuges (que normalmente será la mujer casada en sociedad conyugal) mediante subsidio será parte de sus bienes propios. Esta sí que es una discriminación positiva que beneficia a la mujer casada en sociedad conyugal, y esto justifica que se le otorgue un patrimonio reservado.

El patrimonio reservado de la mujer casada en sociedad conyugal está sujeto a que la mujer renuncie o no renuncie a los gananciales. Si renuncia a los gananciales se quedará con los bienes reservados y con las deudas de ese patrimonio, y el otro cónyuge, si la mujer acepta los gananciales, incluirá los bienes reservados y gozará de un beneficio de emolumento que lo hará responsable hasta la mitad de dichos bienes.

Proponemos, por tanto, que si se otorga la administración de los bienes sociales al marido o, tratándose de matrimonios de dos mujeres, a una de ellas, la mujer que no administra mantenga el patrimonio reservado, que es un estatuto que ha producido muchas consecuencias favorables para que las mujeres se inserten en la economía y en el mercado laboral.