La carta mencionada en el debate parlamentario de la última semana constituye uno de los últimos eslabones de desestabilización del gobierno del Presidente Allende rumbo al quiebre constitucional del 11 de septiembre.
Pero hubo muchos intentos previos de desestabilización y de ruptura institucional o violenta del Estado de Derecho en Chile.
El primer intento ocurrió entre el día del triunfo de Allende, 4 de septiembre de 1970, y el día de su proclamación por el Congreso Pleno, el 24 de octubre del mismo año. El objetivo explícito del gobierno norteamericano y sus aliados en Chile era impedir que el Congreso Pleno ratificara a Allende como Presidente de la República siguiendo la tradición de González Videla el 46, de Ibáñez el 52 y de Alessandri el 58. Las instrucciones de Nixon fueron precisas, dirigidas a Kissinger y a Helms, director de la CIA. “Hagan chillar la economía chilena. Los mejores hombres. US$ 10 millones y más si se necesitara”.
Las operaciones fueron de doble vía, la primera vía institucional, es decir, que la Democracia Cristiana votara por Alessandri en el Congreso Pleno, este renunciaba a las pocas semanas y habría una nueva elección presidencial reproduciendo el escenario de 1964, donde el expresidente Frei recibiría el apoyo de la derecha. El Presidente Frei Montalva se negó a esa maniobra.
Pero había una segunda vía alternativa que era el golpe militar, digitado en Santiago por la oficina de la CIA y el agregado militar norteamericano, y que consistió en contactar, financiar y armar a un grupo de ultraderecha, seguidores del general Viaux, con el objetivo de secuestrar al comandante en jefe del Ejército, general Schneider, quien se había constituido en el principal obstáculo para el quiebre constitucional. El secuestro terminó en asesinato y las fuerzas armadas y la sociedad en general rechazaron esta conspiración, de tal manera que la junta militar dispuesta para asumir el poder el 22 de octubre y cerrar el Congreso Nacional fracasó. Ese fue el primer intento.
El segundo intento ocurrió en octubre de 1972, donde la Confederación de la Producción y del Comercio, los colegios profesionales y las grandes organizaciones de comerciantes y transportistas realizaron un paro nacional que duró más de tres semanas. Con la designación de Prats como ministro del Interior se desvaneció el paro.
El tercer intento fue la elección parlamentaria de marzo del 73, donde la oposición se planteó como objetivo alcanzar los quorum necesarios para acusar constitucionalmente al Presidente Allende, dado el resultado electoral: 56% para la oposición y 44% para la UP; no se alcanzó el quorum requerido.
Entre el 4 de marzo y el 11 de septiembre la operación continuó, nuevamente con un paro nacional, similar al de octubre, en julio, agosto y septiembre del 73; la aventura de Patria y Libertad del golpe militar fracasado el 29 de junio de 1973, y las declaraciones de la Contraloría, de la Corte Suprema y de la mayoría opositora de la Cámara de Diputados que sostenían en sus distintos ámbitos la violación de la Constitución por parte del Presidente.
Después de la declaración de la Cámara, al día siguiente se logró el último objetivo desestabilizador, la renuncia del general Prats al Ministerio de Defensa Nacional.
En consecuencia, la carta tan discutida en la Cámara esta semana no fue más que el último de los eslabones para terminar con el mandato presidencial de Allende y abrir el camino para el 11 de septiembre. Además, resulta paradójico que los firmantes de dicha carta, con honrosas excepciones, mientras criticaban al Presidente por violar la Constitución, celebraron el golpe militar que en los hechos violó toda norma constitucional y todo Estado de Derecho.
Aprender de la historia implica conocerla en profundidad para no repetir los errores y horrores del pasado y aspirar a que en Chile nunca más la violencia sea un instrumento de acción política, nunca más la ruptura del Estado de Derecho y nunca más la violación de los derechos humanos, que solo es posible esto último si no se cumplen las dos primeras consideraciones.