La película se inició el 16 de junio. Ese día, un medio digital antofagastino publicó una carta de la Asociación de Funcionarios del Serviu a la subsecretaria de Vivienda quejándose por traspasos indebidos a una fundación llamada Democracia Viva (DV), que involucraba a jóvenes de Revolución Democrática (RD).

Ya llevamos casi dos meses de dimes y diretes, de portadas diarias en los medios de comunicación, de monólogos en matinales, renuncias y acusaciones constitucionales. Hay mucha chimuchina y, la verdad, es que aún no se entiende el guion completo y en qué va a terminar todo esto. Se intuye, eso sí, que el género se acerca a película de terror artesanal —aunque en este caso de alto presupuesto—, con algunas pinceladas de “stand-up comedy”.

El capítulo inicial se lo debemos a DV, una fundación creada en febrero de 2022 en la Municipalidad de Nuñoa, la capital de RD. El domicilio de la fundación está en un departamento particular de esa misma comuna, de una académica vinculada a RD. DV obtuvo a fines del 2022, por trato directo —o sea, a dedo—, tres contratos con el Minvu de Antofagasta por el programa de asentamientos precarios, por un total de 426 millones de pesos, sin exigencia de boleta de garantía alguna. Hay tres actores principales, todos —como usted ya podrá adivinar— de RD. Carlos Contreras, seremi del Serviu de Antofagasta en ese entonces. Daniel Andrade, presidente de DV. Y Catalina Pérez, diputada por Antofagasta, anterior jefa de Contreras y polola de Andrade.

Andrade aparece, hasta ahora, con un rol protagónico. Estudió Ingeniería en la Chile, donde fue presidente del centro de alumnos y logró titularse después de 11 años. Postuló fallidamente a convencional para el proceso constitucional por Pedro Aguirre Cerda y, como premio de consuelo, lo designaron como coordinador de la campaña del apruebo por RD. Luego fue contratado a honorarios por esa misma comuna como experto ambiental, para terminar como asesor de la Subsecretaría de Defensa, con un buen sueldo (LS, 6/7).

Luego empezaron a surgir otros casos. Quizás, los más llamativos —que me imagino alimentarán varias escenas de esta película— son el de la corporación indígena Kimün en Los Lagos y el de lencería, en Biobío. A Kimün se le entregaron 1.200 millones para regularizar títulos de dominio, y al parecer el 90% de esos recursos se habrían destinado a pagar deudas de centros de formación técnica. Por su parte, Lencería se refiere a una fundación arrendada que obtuvo un convenio de 250 millones con el Gore, y se habrían presentado rendiciones que incluían boletas por ropa interior (LT, 11/8).

En pocas palabras: política, plata y pasión. Todo dentro del mismo paquete.

Suficiente de miseria. Hagamos un esfuerzo para mirar esto con distancia y apertura. Hay dos ideas —en el papel— que podrían ser aportes, si se hacen bien. Por un lado, la descentralización de recursos estatales en regiones. Por otra, la humildad de entender que la sociedad civil puede y debe coadyuvar en funciones estatales, por ejemplo, a través de transferencias a fundaciones de verdad.

El programa del actual gobierno así lo promete. “Nos comprometemos a distribuir el poder del Estado de forma igualitaria en el nivel territorial”, porque el “centralismo es un problema para Chile”, y luego se ofrece “potenciar las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro que ayudan en la toma de conciencia de nuestra diversidad cultural y a convivir con armonía con nuestro medio ambiente”. El fallido y temerario proyecto constitucional del 2022 iba varios pueblos más allá y permitía que las entidades territoriales pudiesen imponer impuestos locales e incluso emitir deuda.

Esas promesas se concretaron y, como estamos viendo ahora, de la peor forma. Estas fundaciones novatas e instrumentales pudieron organizar sus fiestas —con nuestra plata y en perjuicio de los más desposeídos— porque se dictaron leyes (en especial, las glosas de la ley de presupuesto del 2023), aprobaron directrices (instrucciones de la Dipres, cuya directora también es de RD) o se incurrió en omisiones que así lo permitieron (ausencia de un Consejo de Auditoría y pasividad de la CGR). Esas reglas rebajaron los requisitos de antigüedad de los receptores de recursos, permitieron transferencias a proyectos indefinidos o fundaciones sin la experticia necesaria, sin licitaciones competitivas y sin controles efectivos sobre el destino de tales recursos.

Pero la película tiene una faz más oscura y ahí las claves del guion las aporta Íñigo Errejón, un conocido y joven político español fundador de Podemos, en una charla que dio en nuestro país el 2018 a simpatizantes de RD, que se complementa con otra dictada en Madrid el año anterior. Dejémoslo hablar: “Queremos poder político” y por eso “necesitamos construir comunidades militantes y movimientos populares más amplios” (“en el ocio, la cultura, (…) asociaciones gastronómicas, grupos de música, que vuelvan a poner de moda el compromiso político”), pero “no hay estructura para mantener tanta militancia” y de ahí la necesidad de “crear estructuras jurídicas para que cuando haya que emprender la batalla, la podamos emprender con mucha fuerza (…) y por cierto donde refugiarse cuando gobierne el adversario” (LS, 6/7, disponible en YouTube).

Bien triste esto de instrumentalizar y desnaturalizar a las fundaciones. De hacerlas caer en el peor de los lucros —la corrupción— y de politizarlas, bajo un manto falso de beneficencia. De expropiarle y arrancarle a manotazos su espacio único y vital: ni en la empresa ni en el Estado, como fueron originalmente concebidas por Andrés Bello.

Acá perdemos todos. La presidencia, que insiste en involucrarse; los ministerios, en especial Hacienda; los políticos, que se olvidan de los grandes desafíos del país; las instituciones de control, en especial una Contraloría poco preventiva, y las regiones, que necesitan recursos. Y lo peor de todo: las fundaciones serias y los más desposeídos.

FELIPE IRARRÁZAVAL