Como usted sabe, estimado lector, en el actual proceso constitucional en curso, y una vez elegidos los consejeros constitucionales el 7 de mayo, se inició el análisis de la propuesta a la cual llegaron los 24 expertos nominados por el Congreso Nacional.

Los diferentes grupos políticos han planteado más de mil enmiendas al proyecto de los expertos. Se destaca en esta presentación el Partido Republicano, que ha presentado más de 400. Están muchas de estas en la discusión pública e incluso algunas de ellas han llevado a la reflexión, tanto a los consejeros de izquierda como a los partidos que representan, a evaluar su voto el 17 de diciembre si no se llega a un acuerdo con la mayoría republicana y de derecha que conforma el actual Consejo Constitucional.

Pero quisiera destacar en particular una que me ha llamado profundamente la atención, por ser una política pública que no puedo comprender que esté dentro de una eventual Constitución y, sobre todo, que trasunta un ideologismo extremo en lo neoliberal, una ignorancia impresionante o un populismo de derecha destemplado. Me refiero a aquella enmienda republicana que sostiene que hay que eliminar el pago del impuesto territorial, que en lenguaje más conocido son las “contribuciones”. Para entender el impacto destructivo del sistema de financiamiento municipal de esta enmienda, cabe explicar lo siguiente: a partir de 1981, y en el marco de la transferencia a los municipios de la salud pública, entiéndase atención primaria, y la educación básica y media, se creó el Fondo Común Municipal. Dicho fondo está constituido principalmente por el aporte que hacen todos los municipios de una parte de su recaudación del impuesto territorial en cada comuna, de una parte de los permisos de circulación que se cancelan en cada comuna, además de las patentes comerciales de las comunas de mayores ingresos, que en un porcentaje también concurren a formar el Fondo Común Municipal. Es así como la Ley de Rentas Municipales establece que al recibir cada municipio el impuesto territorial, debe aportar a dicho fondo el 60% de lo recaudado y mantener en su presupuesto el 40% adicional. La Ley de Rentas Municipales 1, del año 2001, aumentó el aporte al Fondo Común Municipal de las cuatro comunas con mayores ingresos: Las Condes, Vitacura, Providencia y Santiago, estableciendo dicha ley un aporte adicional por este concepto de un 5%. Lo mismo ocurre con los permisos de circulación, donde cada comuna recauda para su presupuesto el 37,5% de cada permiso y transfiere al fondo común el 62,5% restante. En materia de patentes comerciales, los municipios arriba mencionados de mayores ingresos aportan al fondo común el 65% recaudado en cada comuna por ese concepto. De las tres fuentes que alimentan en lo sustantivo el Fondo Común Municipal, el mayor ingreso proviene del impuesto territorial. Si se eliminara dicho impuesto, como lo proponen los republicanos, el sistema financiero de las de 200 comunas más vulnerables de las 345 comunas existentes no podría seguir funcionando.

A manera de ejemplo, la comuna de Cerro Navia solo tiene un 5% de sus viviendas que pagan impuesto territorial y, por contraste, la comuna de Vitacura casi el 100% de sus viviendas cancelan dicho impuesto. Si se eliminara el impuesto en las comunas de mayor ingreso, colapsan financieramente las comunas más vulnerables, que por lo demás son la inmensa mayoría de los territorios. Cabe destacar además que en la actual legislación solo cancela impuesto territorial el 23% de las viviendas, mientras que el 77% queda exento, la línea divisoria entre unas y otras es la tasación fiscal del inmueble, que hoy día establece la diferencia en $47.000.000. Si la tasación es superior, paga impuesto territorial; si la tasación es inferior a esa cifra, queda exento de dicho impuesto. Se entenderá además que la desigualdad de ingresos en Chile también se expresa en la desigualdad territorial, dado que, obviamente, a mayor ingreso personal o familiar, la vivienda que habita ese grupo es de mayor valor y, en consecuencia, se localiza en las comunas de mayores ingresos en el país. Dicho en simple: la eliminación de este impuesto implica simultáneamente un subsidio para las familias de mayores ingresos y una insolvencia financiera para las comunas populares, sean estas urbanas o rurales, habitadas mayoritariamente por población vulnerable.

Tal es la importancia del fondo mencionado que en la última campaña presidencial el candidato Joaquín Lavín, de la UDI, propuso una inyección fiscal a este fondo de US$ 2.000 millones anuales y, en paralelo, el candidato Boric, actual Presidente de la República, propuso una inyección fiscal de US$ 1.000 millones. Paradójicamente, la propuesta republicana, si tuviera viabilidad política, implicaría reemplazar el impuesto territorial caducado o eliminado por aporte fiscal para impedir la insolvencia de las comunas más populares, pero simultáneamente nos encontramos con que el mensaje republicano es rechazar todo aumento de impuestos. Uno esperaría que por la explicación entregada en las líneas anteriores los consejeros de izquierda más los de Chile Vamos rechacen esta enmienda republicana tan particular.

Cabe consignar que para este año el Fondo Común Municipal alcanza los US$ 2.750 millones y el aporte del impuesto territorial a dicho fondo es de US$ 1.500 millones. Estas cifras demuestran lo inviable de la propuesta republicana.