El pasado 8 de agosto la Secretaría de Participación Ciudadana del proceso constituyente entregó el Informe Ampliado de Incidencia de la participación ciudadana en el proceso constitucional 2023. ¿Qué nos dice este informe?

Hay varias dimensiones en las cuales observar el Informe. En primer lugar, valorar la participación en sí misma. En momentos de creciente desconfianza y desinterés hacia el actual proceso constituyente, participaron 269.864 personas, provenientes de las 346 comunas de Chile, y 1.640 chilenos y chilenas residentes en el exterior. Este proceso participativo se llevó a cabo entre el 7 de junio y el 7 de julio, encomendado por la propia Constitución, donde las universidades del país tuvieron la tarea de convocar y sistematizar el proceso.

De los mecanismos de participación, el que tuvo mayor concurrencia fue el de las Iniciativas Populares de Norma (IPN). 236.474 personas, apoyaron una o varias IPN. En segundo lugar, estuvo la Consulta Ciudadana, donde participaron 28.868 personas; luego los Diálogos Autoconvocados, con 2.298 diálogos realizados, y finalmente los Diálogos Convocados, donde participaron 990 personas. El perfil de quienes participaron destaca por ser en gran parte personas con educación superior completa (74,3% de quienes presentaron IPN), hombres, de la Región Metropolitana o grandes ciudades, lo que se tiende a diversificar entre quienes apoyan este tipo de iniciativas, y participan de los otros mecanismos.

Un proceso serio y muy profesional de registro y sistematización de las opiniones de quienes participaron nos presenta resultados muy relevantes en cuanto a los contenidos constitucionales. Destaca la relevancia de fortalecer la democracia participativa y representativa, interés por reformas para fortalecer el sistema político y electoral, mejorar la gestión pública y probidad, mayor descentralización, reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, y reconocimiento de Bomberos de Chile.

La ciudadanía también muestra preocupación por mejorar el acceso a la justicia, modernizar el Poder Judicial, y mayor defensa a las víctimas. En cuanto a los principios y derechos, se valora un Estado unitario y descentralizado, a la familia y el reconocimiento de sus múltiples formas como parte central de la sociedad, a la necesidad de garantizar los derechos sociales, y a la importancia del derecho al cuidado.

Se señala también la preocupación porque se respete el principio de paridad. Junto con esto se valora la libertad religiosa y la libertad de expresión. En cuanto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, se destaca el rol del Estado en garantizar prestaciones sociales, con diversas miradas sobre su implementación. Alta relevancia se les da a los derechos de educación y salud, el derecho a la vivienda y el derecho al trabajo decente.

Mención especial al tema de cuidado al medio ambiente, donde el informe destaca “que es un concepto que surge con una alta frecuencia y de manera transversal”, donde el derecho al agua y la protección de los animales son temas de relevancia para la ciudadanía.

Es de verdad impresionante cómo hay continuidad entre las prioridades que ha ido mostrando la ciudadanía desde el Proceso Constituyente Abierto a la Ciudadanía en 2016, en las distintas instancias de participación coordinadas por la Secretaría de Participación Ciudadana en 2021, y el actual proceso participativo. Temas recurrentes son el cuidado por el medio ambiente, los derechos sociales, el rol de un Estado garante de los derechos sociales, una democracia fortalecida y participativa, un Estado más transparente y con más probidad, la importancia de una sociedad inclusiva, la paridad, el derecho a los cuidados, el reconocimiento de los pueblos indígenas.

Pero más llama la atención, que a pesar de los procesos participativos y de la recurrencia de la prioridad clara de una agenda de desarrollo político, social y económico, el sistema político, ya sea en la política constituyente o en la política tradicional, ha sido tan elusivo en construir acuerdos en torno a estas materias. Pareciera que Chile es una sociedad dividida entre una sociedad que busca acuerdos y un sistema político donde los consensos son elusivos. Un ejemplo claro es la tremenda distancia que existe hoy entre los resultados que muestra el Informe de Participación, y los debates que se están dando en el Consejo Constitucional en relación con las enmiendas. Fortalecer nuestra democracia requiere acuerdos, construidos a partir de la representación, la participación y la deliberación.

Pamela Figueroa
Académica del Instituto de Estudios Avanzados, Usach.