En medio de las discusiones fiscales, a menudo perdemos de vista la verdadera esencia del Estado. La permanente presión por aumentar el gasto público, la ilusión de cerrar eventuales brechas con los países más desarrollados y debates sobre el tamaño óptimo del Estado nos desvían hacia la búsqueda de ingresos adicionales en momentos determinados. Pocas veces nos detenemos a examinar cómo estamos gestionando los cuantiosos recursos que el Estado administra y menos aún si esos recursos llegan a quienes más lo necesitan.

Es una noticia alentadora que, por fin, parte de la discusión incorpore el rol del crecimiento económico como movilizador de recursos permanentes al Estado. Sin embargo, esta reflexión debe dar un paso más allá y destacar el auténtico propósito que tiene el aparataje estatal, el que hasta ahora para algunos —a la luz de declaraciones recientes— se encasilla en una suerte de contendor del sector privado, en un proveedor de empleos o, de acuerdo con los últimos acontecimientos, en una caja pagadora de favores políticos. Al contrario, el Estado debe ser concebido y dirigido para servir a los ciudadanos y brindar servicios que de otra manera no estarían disponibles.

La seguridad, salud y educación, por nombrar algunos, son objetivos prioritarios para cualquier administración pública moderna. Lamentablemente, aunque el gasto público se ha multiplicado por seis en las últimas tres décadas, los servicios que reciben los ciudadanos no han mejorado en la misma medida y continúan existiendo graves deficiencias en estas áreas. Por ejemplo, a pesar de que Chile dedica un alto porcentaje de su PIB (4,2%) al gasto en educación, se encuentra entre los cuatro últimos lugares de la OCDE en los resultados de la prueba PISA en matemáticas, solo superando a los países latinoamericanos.

Según datos de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), en 2021 los trabajadores dependientes del sector público presentaron 3,1 millones de licencias médicas, de las cuales 2,9 millones fueron autorizadas, con un total de 35 millones de días pagados por este concepto. De acuerdo al INE, el año 2021 había 1.089.662 trabajadores dependientes en el sector público, lo que significa que cada trabajador público se ausentó de sus responsabilidades durante un promedio de 32 días en 2021 —lo cual afecta directamente en la calidad del servicio que se les entrega a los ciudadanos— y más que duplica al sector privado (12,5 días promedio). Esta brecha viene desde antes de la pandemia. En 2019 los trabajadores del sector público presentaron 33 millones de licencias médicas —efectivamente pagadas—, lo que implica que se ausentaron 30 días en promedio ese año, en contraste con los del sector privado, que tuvieron 6,5 días de ausencia en promedio en el mismo ejercicio.

En los hospitales públicos las cosas no andan mucho mejor. Según estadísticas recientes del Ministerio de Salud, las listas de espera por consultas y cirugías llegaron en junio a 2,6 millones, su mayor nivel histórico.

Un aspecto clave en esta falta de eficiencia del Estado ha sido la rigidez que impone el Estatuto Administrativo, que impide hacer cambios en la dotación ante incumplimientos evidentes por parte de los funcionarios públicos. Este asunto debe ser abordado, ya que entre otras cosas ha contribuido a que la satisfacción de los chilenos en relación con el sistema de salud, educación y la confianza en el sistema judicial sea una de las más bajas entre los países de la OCDE.

En vista de estos datos, resulta inadecuado continuar aumentando los recursos estatales si no se establecen compromisos concretos y metas claras para mejorar la eficiencia en el sector público. Los incidentes recientes de mal uso de los recursos fiscales reflejan un problema más profundo: la pérdida del propósito del Estado. A medida que crece y se expande, convirtiéndose en un botín para algunos, se aleja inexorablemente de su deber de servir a los ciudadanos. Es hora de dejar de lado las ideologías, adoptar una mirada país y trabajar en beneficio de quienes más lo necesitan.

Gonzalo Said
Segundo vicepresidente Sofofa