Hace algunos días, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF) dio a conocer las cifras de distribución de los ingresos, pobreza por ingresos y pobreza multidimensional en el país, a partir de la encuesta Casen 2022. Los resultados, además de renovar la urgencia de alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo, que garantice derechos sociales, ofrecen buenas noticias: bajó la pobreza por ingresos y la pobreza extrema; cayó la pobreza multidimensional a su nivel más bajo desde que se mide; el índice de Gini para el ingreso monetario es el más bajo de la serie, dando cuenta de una reducción en la desigualdad; y las políticas contracíclicas del Gobierno fueron efectivas en su apoyo a las familias, demostrando la importancia del Sistema de Protección Social.

Como es habitual, estos resultados han generado gran interés y un necesario diálogo público respecto de su interpretación. Este intercambio de opiniones se ha visto facilitado por la publicación de la base de datos de la encuesta y diversos materiales complementarios. En este contexto, se ha generado un debate respecto de la metodología de medición de la pobreza por ingresos.

Resulta importante recordar que la actual medición de la pobreza de Chile se basa en recomendaciones de una Comisión Asesora que presentó un informe al Presidente de la República Sebastián Piñera, en enero de 2014. El método resultante se aplica desde 2015 (y, retroactivamente, desde 2006) y, siendo la metodología oficial adoptada por el Estado de Chile, fue la utilizada por la Cepal en la medición para 2022.

Del mismo modo, al igual que en versiones anteriores, la encuesta Casen involucra el trabajo de diversas instituciones. Un Panel externo de Expertos y Expertas acompañó cada etapa del proceso; el INE realizó el diseño muestral y el cálculo de factores de expansión; la Universidad de Chile aplicó las encuestas y elaboró la base de datos; la Cepal estimó la cifra oficial de la pobreza por ingresos y el PNUD la de pobreza multidimensional.

Siendo así, es importante distinguir entre, por un lado, la adecuada implementación de la metodología vigente y las cifras oficiales, que son producto de un proceso riguroso y transparente que ha constituido una base sólida para la toma de decisiones en Chile y, por otro, el legítimo y necesario debate sobre potenciales cambios a dicha metodología.

La revisión de la definición de la línea de la pobreza, la incidencia del alquiler imputado, la composición de la canasta de bienes y servicios, entre otros, son discusiones y debates importantes. Especialmente porque ninguna métrica puede abarcar la complejidad de la pobreza y la vulnerabilidad, especialmente en un país con profundas desigualdades, donde la demanda por protección social no viene solo de la población de menores ingresos. Esto es algo que hacen todos los países y el nuestro lo hizo hace una década.

Ahora bien, modificar la metodología de medición de pobreza requiere de un trabajo técnico que toma tiempo (la última vez que se hizo, comenzó en 2013 y concluyó en 2015) y que debe contar con la colaboración y consenso de múltiples actores. Desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia existe la voluntad política y la disposición para abrir ese diálogo.

Por todo lo anterior, por legítima que sea la discusión metodológica, ello no significa que la cifra oficial de pobreza por ingreso, en cuya producción participan instituciones altamente reconocidas, esté incorrectamente estimada o que su disminución respecto de las cifras de los años 2017 y 2020 sea errónea.

Cuidar el patrimonio estadístico del país es tarea de todos y todas. Velar por las herramientas que guían la política social, también. Ocuparnos de ofrecer una solución a las miles de familias que todavía viven sin poder satisfacer sus necesidades básicas, más aún.

Paula Poblete Maureira
Subsecretaria de Evaluación Social