Acosado y acusado, el ministro Jackson ha develado la razón profunda por la cual cree que debe hacerse fuerte en su cargo (y, más adelante, en cualquier otro) mientras no disponga lo contrario el Presidente de la República.

“Yo al menos acá no estoy velando por mí, sino por un proyecto que es colectivo”, ha declarado el calvo ministro.

Por supuesto, incluso considerando el grotesco suceso de las autodonaciones, todos sabemos que desde un primer núcleo del 2011 —Boric, Vallejo y Jackson—, pasando después por una consiguiente ampliación generacional hacia miles de jóvenes que constituyeron varios partidos y el Frente Amplio, siguiendo con una posterior conquista de diputaciones, municipios y, finalmente, de la Presidencia de la República, para culminar (así se pensaba) en una Convención Constitucional exitosa, lo que ciertamente se ha venido construyendo es nada menos que un… “proyecto colectivo”.

Es en esa dimensión donde hay que poner toda la atención, todo el músculo intelectual y volitivo necesario para comprender y enfrentar el diseño del que Jackson se declara —correcta y sinceramente— solo un peón.

El proyecto colectivo es lo que explica todo.

Por eso, en el caso convenios-fundaciones-ministro, hay que tener mucho cuidado con centrar absolutamente la crítica en la grotesca corrupción que va descubriéndose, porque más atrás están unas coordenadas de gran densidad, que son ideológicas, de control cultural, de refundación social y política. Y eso, aunque duela en la billetera, es mucho más grave, porque duele en el alma.

Por eso, no importa tanto Jackson (así como importan poco Bassa o Sharp, Vodanovic o Ripamonti, y más atrás, Ruiz o Atria), sino lo que importa es conocer y enfrentar “el proyecto colectivo”. El ministro es fungible; el “proyecto colectivo” perdura.

Las arcas fiscales parece que podrían dar para incorporar todavía a más personas que se sumaran a las noventa mil contratadas recientemente bajo diversas modalidades. Pero ese no es el objetivo. No se trata de “dar trabajo”, sino de “hacer el trabajo”. Y ese trabajo es cambiar Chile —lo que viene sucediendo desde la madrina Bachelet— hasta que al país no lo conozca ni la madre que lo parió, Alfonso Guerra dixit.

En esa tarea han sido decisivas las ONG —fundaciones, corporaciones, etc.— porque no solo han recibido enormes aportes directos a través del presupuesto de la república, sino que, además, se han movido con una imagen de independencia que les ha permitido idear fórmulas en todos los ámbitos en los que el “proyecto colectivo” se propone cambiar la hegemonía, el sentido común: cultura, vivienda, recreación, espiritualidad, transportes, familia, salud… en todo.

Si solo se pudiera hacer la historia completa de lo que las ONG han incidido en La Araucanía, desde 30 años a esta parte, ya tendríamos una buena muestra de las consecuencias de su actividad.

Por supuesto que las platas disponibles —por vías muy variadas— han sido muy apetecibles, y sería ingenuo pensar que no ha habido muy altruistas militantes del Frente Amplio que se han llenado las alforjas, pero perseguir solo su eventual responsabilidad penal radicaría el problema en sede poco eficaz. Estamos frente a un desafío político cultural de máxima magnitud; lo penal es lo de menos. Por eso, toda fiscalización de la Cámara de Diputados debe ir mucho más allá del simple caso Convenios.

El “proyecto colectivo” no consiste principalmente en una conspiración para defraudar al Estado, para robar los aportes que los ciudadanos hacemos con nuestros impuestos. Es algo mucho más grave, ya tantas veces denunciado y, al mismo tiempo, tan poco enfrentado: Chile, la ruptura ya viene.