Las cifras de pobreza por ingresos recién publicadas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF) representan un avance muy importante. De acuerdo con la Casen 2022, hoy hay menos personas que no cuentan con ingresos suficientes para financiar una canasta de necesidades básicas en relación con 2020 y 2017. Los resultados nos devuelven a la tendencia previa de caída sistemática, que solo fue interrumpida por la pandemia. Ello es una muy buena noticia.

Se ha discutido mucho sobre las causas detrás de esta caída. Como en otras ocasiones, se trata del resultado del esfuerzo que realizan los propios hogares en generar ingresos y de los apoyos que reciben del Estado. También, por cierto, tiene que ver con la metodología de medición, en particular con el rol del ítem de alquiler imputado. Este ítem es el monto que pagarían los propietarios por la vivienda que ocupan si fueran arrendatarios, el que se cuenta como un ingreso no monetario, pero que también se considera como un gasto necesario en la canasta con la que se calcula la línea de la pobreza.

Las estimaciones de ingresos por deciles que publica el MDSF en cada entrega de la Casen describen la distribución de ingresos sobre la base de los ingresos autónomos per cápita del hogar. En otras palabras, en aquellas publicaciones, quienes están en los deciles inferiores son hogares que, al realizar la medición, tienen pocos ingresos propios que declarar. Ello puede deberse a una situación coyuntural de desempleo o de baja en su actividad económica, o a algo más estructural, dadas sus condiciones de vida. Así, no es extraño que en ese grupo se observe una caída de los ingresos del trabajo entre las mediciones del 2017 y 2022, a pesar del crecimiento experimentado por la economía y el empleo.

Sin embargo, para analizar la situación de quienes están en torno a la pobreza, se debe observar al primer decil de ingresos totales, corregidos por el número de personas en el hogar, que es la definición con la que se calcula la incidencia de la pobreza, y no al primer decil de ingresos autónomos per cápita. Organizando los datos de esta forma, un análisis realizado por Osvaldo Larrañaga, de la Escuela de Gobierno UC, muestra que el decil más bajo tenía en 2022 más ingresos del trabajo y más ingresos autónomos (del trabajo y de otras fuentes propias), y que además recibía más apoyos del Estado que en 2017. Del total de aumento de ingresos totales en este grupo, 24% se explica por ingresos propios y 36% por apoyos estatales. La diferencia se debe al arriendo imputado.

La superación de la pobreza no es una tarea puramente doméstica; también pasa por la protección que pueda entregar el Estado a través de apoyos monetarios y de políticas que faciliten la generación de ingresos propios. Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con quienes experimentan la vulnerabilidad, también cumplen un rol, pues ayudan a las comunidades a activar sus propias capacidades, poniéndolas en contacto con las oportunidades.

Si bien los resultados son una buena noticia, no podemos perder de vista que indican que hay más de un millón de personas en Chile sin ingresos suficientes como para sostener una vida digna. Por lo tanto, queda mucho trabajo por hacer.

Por un lado, es importante que la economía crezca más rápido de manera permanente, y que con ello se expanda el empleo. Más allá de las cifras agregadas, cuando se trata de los grupos en desventaja, hay tareas específicas que abordar para mejorar su capacidad de generación de ingresos autónomos. Por ejemplo, es relevante resolver el problema del acceso al agua en zonas rurales donde los habitantes usan su tiempo y energía en conseguir y conservar agua, más que en sus actividades productivas. También importa implementar un sistema de cuidado que facilite la incorporación efectiva de muchas mujeres a actividades remuneradas.

Por el otro, el diseño y el monto de los apoyos monetarios del Estado deben revisarse. Si bien se han extendido, cubriendo a grupos más amplios de la población, como ha sido el caso de la PGU, las prestaciones para los de menores recursos siguen siendo pequeñas y con exigencias, en ocasiones, desmedidas. En efecto, quienes están en mayor vulnerabilidad tienen dificultades para cumplir con la exigencia de formalidad económica que piden muchos apoyos, aun cuando sea para acceder a beneficios eventualmente generosos. Sus propias condiciones de vida —el barrio que habitan, una discapacidad u obligaciones de cuidado, por ejemplo— les impiden responder a incentivos económicos al empleo y la formalidad.

Algo similar sucede con el requisito de postular a los programas sociales, aun cuando, gracias al Registro Social de Hogares, el Estado sabe quiénes son las personas con derecho a ellos. En este sentido, es una gran noticia que el MDSF haya comenzado a entregar automáticamente el Subsidio Único Familiar, levantando la exigencia de postulación.

Por cierto, la pobreza es más que falta de ingresos. Se trata de desventajas en múltiples ámbitos de la vida: educación, salud, vivienda, barrio, ingresos, participación y trato. No es algo inherente a las personas; es más bien un fenómeno contextual. Superar la pobreza, entonces, pasa por modificar los contextos de vida y establecer pisos que aseguren que en Chile nadie deba pasar por esta experiencia.