Uno de los aspectos positivos de la discusión constitucional es que ha permitido cuestionar el mito acerca del principio de subsidiariedad como eje del modelo neoliberal, contrapuesto a la noción de Estado social de derechos. Ambos conceptos no solo son compatibles, sino que su convivencia es positiva en términos del bien común.

La idea de subsidiariedad proviene de la doctrina social de la Iglesia y se basa en la primacía de la persona sobre el Estado, que aplica también a los cuerpos intermedios. Este principio no impide que en la Constitución quede explícitamente establecido el derecho a la seguridad social, como de hecho ocurre en nuestra Constitución hace casi un siglo. Distinto es que se establezca además el modo específico en que ese derecho se hará cumplir, porque eso es materia de políticas públicas, que pueden ser cambiantes de acuerdo con las circunstancias. La discusión constitucional de derechos sociales aplicada a materias controversiales, como pensiones y salud, tiene un componente bastante artificial, y lo que requerimos es ponernos de acuerdo en cuál es la mejor política pública para implementar ese derecho, lo que en términos generales debe quedar abierto en las disposiciones constitucionales.

De todas formas, la discusión sobre seguridad social está actualmente muy “pensionisada”, no por un problema constitucional, sino porque la política pública en esta materia tiene déficits muy claros, principalmente por no hacerse cargo de la mayor expectativa de vida y del problema de la informalidad. Estos déficits no se deben a una supuesta “privatización del sistema previsional”, y de hecho, existen otros aspectos de la seguridad social, con mayor o menor rol del Estado y los privados, en que las soluciones de política pública no generan mayor controversia. Pensemos en el seguro de cesantía, salud laboral, maternidad, crédito social, y otros beneficios de seguridad social que existen en Chile para los trabajadores formales, con elevada participación privada en su provisión, normados y regulados por el Estado. ¿Alguien plantea por ejemplo que debemos estatizar la salud laboral o el crédito social?

Efectivamente, las soluciones de política pública en cada caso difieren, y situaciones como la cesantía o los accidentes del trabajo operan en buena forma bajo la lógica de seguros, sin que el rol privado en su administración se cuestione. Las pensiones, que hace un siglo podían ser sostenibles bajo un esquema similar (pocos vivían mucho tiempo), ya no pueden operar de esa forma, porque además sería un seguro regresivo. En este caso, la relación entre el monto de las cotizaciones y los beneficios debe ser mucho mayor, y por los problemas señalados de expectativa de vida e informalidad, una gran mayoría no cotiza lo suficiente. Lo que tenemos es un problema con el deber de cotizar y no con la gestión de las cotizaciones.

Definitivamente, el problema de las bajas pensiones no radica en la Constitución vigente ni en la participación del sector privado en la administración de los ahorros, por lo que en esta materia no parecen ser necesarios cambios significativos en las disposiciones constitucionales vigentes.

¿Qué hacer entonces con aquellas indicaciones que apuntan a la libertad de elegir, heredabilidad e inexpropiabilidad de los fondos, planteadas por la mayoría de los consejeros? Es efectivo que no son materias necesariamente constitucionales, pero también lo es el hecho, aún más gravitante, de que se requiere construir adhesión ciudadana a la propuesta constitucional para que el país logre cerrar con éxito este largo proceso constituyente que hemos enfrentado. Ninguna de estas materias daña el derecho a la seguridad social, y responden a una clara demanda ciudadana, que pueden permitir no solo mayor adhesión a la propuesta constitucional, sino también mayores incentivos a cotizar, que se han visto dañados con la discusión previsional de los últimos años, con mociones de estatización incluidas.

El articulado propuesto busca también evitar la repetición de la desastrosa política de los retiros, estableciendo que las cotizaciones solo tienen como fin la seguridad social. Podemos cerrar bien el capítulo, vale la pena hacerlo.

M. Cecilia Cifuentes Hurtado
Directora del Centro de Estudios Financieros, ESE Business School