Hay tensión en la oposición. Parte de ella quiere usar su posición dominante para imponer su sello en cada acápite constitucional, sobre todo si suena popular, y sin importar lo que piensen los expertos ni, menos, la izquierda. El oficialismo fue implacable la vez anterior y todavía duele. Pero devolver la mano dejaría el problema constitucional sin resolver, porque mientras la Constitución no se apruebe con buena mayoría, seguirá entorpeciendo la política y causando incertidumbre. No buscar acuerdos, creo, tampoco conviene electoralmente a la oposición —esto debiera ser secundario, pero suele ser más convincente.

La tensión en la oposición nace de una lucha por su hegemonía: el P. Republicano, la colectividad desafiante, arrasó en mayo y es ahora, por lejos, el partido con mayor identificación. Tiene la batuta constitucional y, sin mayor compromiso previo en la materia, lanzó un conjunto de enmiendas partisanas. Puede que sean un saludo a sus bases y que el plan sea negociar un acuerdo transversal. Pero, como chiste repetido, hay quienes, embriagados por la victoria, creen que no necesitan de acuerdos, que basta con dejarse llevar por los vientos propios.

El P. Republicano logró lo que parecía imposible: recuperar la identificación con partidos, que venía cayendo desde los noventa y alcanzó un (insostenible) mínimo de 14% en 2019. ¿Qué hay tras ese logro? La última encuesta CEP ofrece luces. Lo más evidente es la prioridad por la seguridad: a la gente le preocupa sobremanera y está dispuesta a sacrificar libertades y derechos por orden público. El P. Republicano ha logrado posicionarse en seguridad, porque ofrece la mano dura que la población cree necesaria, pero también porque no ha tenido la oportunidad de tenerla a su cargo y fracasar.

Fuera de eso, nada en la CEP indica que la ventaja opositora esté a la derecha de lo que fue la derecha tradicional. Los cambios en el valor del premio al esfuerzo versus la igualdad son marginales, y no ha cundido la creencia en que el aborto deba estar siempre prohibido (19%). La fracción que se identifica con la derecha, si bien repuntó desde su piso en el estallido, se mantiene en un modesto 19%, igual que la de la izquierda y por debajo del 36% del centro y del 25% que no se identifica en este eje. La evaluación de Evelyn Matthei es también 17 puntos superior a la de J. A. Kast.

Es más, el 59% de la población prefiere líderes políticos que privilegien los acuerdos, frente a un 29% que los prefiere firmes en sus propias posiciones (la postura proacuerdos cayó desde diciembre de 2019, pero fue esa medición, en pleno estallido, la anomalía). La vocación por los acuerdos es igual de sólida entre quienes se identifican con la derecha, votaron por Kast o por un consejero republicano.

Es cierto que la encuesta (cuyo campo terminó antes de las enmiendas) revela una mediocre evaluación del actual proceso constitucional. Pero la mala evaluación es transversal al espectro político y viene, sobre todo, de los que no están interesados en el proceso. Parece más un tema de información que una demanda por un giro conservador.

En suma, hay un clamor por seguridad, pero no una gran ola proderecha (las olas, además, acaban por romperse). A veces el cálculo electoral es contrario al bien de la República; pero cuando ambos coinciden, no hay razón para no buscar acuerdos.