La encuesta CEP conocida ayer muestra una sociedad preocupada ante todo por delincuencia, asaltos y robos. Atribuye sus principales causas a inmigración irregular, insuficiente castigo de los delincuentes, consumo de drogas y alcohol, y a las bandas de narcotráfico. El 85% de los encuestados cree que las policías se encuentran superadas por la delincuencia; un 50% acepta que para controlarla deben suprimirse las libertades públicas y privadas.

Ofrece asimismo un espejo de la negativa situación económica del país, la cual se piensa no cambiará o podría empeorar. La democracia cruje; solo un 12% estima que funciona bien o muy bien. Dos tercios de chilenas y chilenos cree ¡necesario un gobierno firme antes que uno tan preocupado por los derechos de las personas! ¡Es alarmante!

Igualmente, retrata a una sociedad donde el orden y la seguridad son valorados a distancia por encima de las libertades (72% versus 8%). Que confía ante todo en las Fuerzas Armadas y de Orden, particularmente desde el estallido del 2019. Y en la cual un 79% expresa estar de acuerdo con que la obediencia y el respeto son los valores más importantes que los niños deben aprender frente a 10% en desacuerdo.

Es un cuadro anímico que urge tomar en serio. No es propiamente conservador, como a veces se dice, en el sentido de reivindicar tradiciones, identidades religiosas y morales, continuidades orgánicas y patrones de orden y jerarquía.

Más bien, se trata de un cuadro de temores, de crispación con los debates inconducentes, de desconfianza generalizada, de reivindicación de un mando vertical, del retorno a la obediencia, y de desinterés por los temas que dividen a las élites.

Hay pues más elementos de iliberalismo que de conservadurismo, lo cual los torna más amenazantes. Efectivamente, las tendencias y dinámicas actuales de percepción y opinión aparecen como de alto riesgo. Sobre todo si se considera que están acompañadas por una economía detenida, una salud aún no recuperada de la pandemia, una violencia criminal que se percibe descontrolada y una dirigencia política —oficialista y de oposición— que no parece estar en condiciones de superar la crisis.

Hay una falla sistémica cuando la esfera política democrática —gobierno, Congreso, administración del Estado, comunicación pública y conducción de la sociedad— no logra acordar una agenda mínima para enfrentar el cuadro de crisis. Y carece, adicionalmente, de las capacidades necesarias para actuar con efectividad.

El país vive un momento así; de creciente alienación respecto de sus estamentos directivos de cualquier persuasión. Al mismo tiempo, crecen la desilusión y la impaciencia. Cuidado: no vayan a expresarse mañana como un clamor mayoritario de restauración autoritaria y de poder impuesto bajo reglas de excepción.