Uno de los rasgos de la democracia moderna (la democracia que convive con el capitalismo, un mercado de medios y una amplia pluralidad cultural) lo constituye el hecho de que, para funcionar, requiere altos grados de racionalidad procedimental. Ello exige separar casi del todo lo que podríamos llamar la subjetividad a la hora de evaluar el comportamiento ajeno o decidir el propio, de la objetividad requerida por las normas legales.

Si cada partícipe del debate atiende ante todo a lo que bulle dentro de sí (a las cuentas que tiene pendientes con este o aquel o al remordimiento que tal o cual conducta le causó) a la hora de tomar decisiones o interactuar con sus rivales, el debate público se avinagra, la domesticidad lo invade, se contamina con pura emocionalidad (o con emocionalidad disfrazada de estrategia), y el diálogo y también la evaluación legal de la conducta ajena se hacen difíciles o imposibles.

Desgraciadamente es eso lo que parece estar ocurriendo hoy en el debate público en Chile.

Como si se tratara de las cuentas que se cobran, en el tiempo de la resaca, los partícipes de una fiesta adolescente, hoy todas las fuerzas políticas parecen estar dedicadas a tirarse pullas a través de los medios, mal escribir cartas, acusarse de esto o de lo otro, a sembrar dudas acerca de su compromiso con las reglas de la democracia, y a empantanarse en sus propios excesos: luego de un primer paso en falso, se apresura otro para encubrir el primero y a este lo sigue otro hasta que, finalmente, lo que era un simple tropiezo, se transforma en una caminata errática, torpe y tonta, un espectáculo en el peor sentido de esta palabra (como cuando se dice que tal o cual persona no hizo más que dar un espectáculo).

Es lo que ha ocurrido, desde luego, al Gobierno con el caso del robo en el Ministerio de Desarrollo Social en que, para encubrir una torpeza, se arrojó sobre ella la sospecha de una operación política por parte del ministro Jackson (explicando luego el subsecretario que decir que no era un delito común era equivalente a decir que no era frecuente y disquisiciones como esas); siguió la carta de la UDI trufada de expresiones calumniosas, excesivas, solicitando poco menos que una abdicación al Gobierno, alimentada, es de suponer, con los aplausos de las redes a las que los políticos son tan adictos, dejándose guiar una y otra vez por ese espejismo (y tratando luego de retroceder diciendo que en realidad ellos no atribuían delitos al ministro Jackson, sino que temían que ese fuera el recuerdo que dejara); y se coronó con el propio Presidente, arremangado, como preparándose para boxear, transpirado, agitado y agrio haciendo reproches a sus adversarios políticos ante las cámaras.

Y en medio de toda esa tontería, la racionalidad procedimental que aconsejaría esperar la decisión judicial o impulsarla con sobriedad, o idear una acusación constitucional o una interpelación, o que alguna autoridad se haga responsable, todo eso que es lo que propiamente debiera ocurrir en una democracia sensata, está envuelto en acusaciones que se formulan por un vocero que perora con entusiasmo ante las cámaras, mientras todos los demás se agolpan a codazos detrás suyo para que su imagen aparezca, siquiera un momento fugaz, en la tele.

¿A qué se debe este verdadero envilecimiento de la esfera pública?

Es probable que se deba a algo que hace ya bastante tiempo está dañando el debate en Chile: se trata de la práctica de preferir indignarse antes que razonar; no escoger bien las palabras, sino dejarse llevar por las emociones; preferir el escándalo, en suma, a la sobriedad; las redes a la conversación, un rasgo generacional que explica que en ocasiones (como la de estos días) lo compartan Macaya y el Presidente, por dar un ejemplo flagrante. Hoy todo lo que no place a este o aquel es inaceptable, inmoral, increíble y merece el máximo castigo inmediato, ¡la renuncia!, como si las reglas legales y procedimentales, que fueron inventadas para introducir racionalidad en la convivencia, no existieran.

Carlos Peña