Señor Director:

Se discute por los consejeros constitucionales, e intensamente en estas páginas, cuál ha de ser la jerarquía de los tratados internacionales, especialmente los de derechos humanos, enfrentándose básicamente dos posturas: la que postula que estos tengan rango constitucional, formando un bloque con la Carta Fundamental, y la que sostiene que los tratados deben tener jerarquía inferior a la Constitución, aunque superior a la ley.

Existe una tercera alternativa y consiste en que Congreso y Presidente decidan, caso a caso, cuál de las dos jerarquías tendrá el tratado, procediendo a aprobarlo con el quorum correspondiente. Esta fórmula parece tener, sobre las otras, varias ventajas. Primero, la de la certeza: al aprobarse el tratado quedará siempre clara su jerarquía, evitando debates acerca de si se trata o no de un tratado de derechos humanos (hay zonas grises); permitirá mayor plasticidad, pues hace posible que unas normas de un tratado tengan jerarquía constitucional y otras, inferior. Por último, se evita todo debate de soberanía de mayorías democráticas, pues si el Legislativo quiere darle al tratado jerarquía constitucional, deberá aprobarlo por la misma mayoría que se exige para las normas de esa jerarquía.

Jorge Correa Sutil