Las cifras muestran que Chile es un país con un bajo grado de descentralización fiscal si se compara, por ejemplo, con los países de la OCDE. Por otro lado, la evidencia también indica que uno de los grandes activos de nuestra institucionalidad económica es la responsabilidad fiscal.

Desde 2001 la política fiscal se guía por una regla de balance estructural. El año 2006 la ley de responsabilidad fiscal creó los fondos soberanos, en los cuales hemos ahorrado para hacer frente a períodos adversos. Desde 2013 contamos con un Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que es autónomo por ley desde el año 2019, y el año pasado se ha incorporado a la regla fiscal como segundo objetivo un nivel prudente de deuda. Más allá de algunas críticas que se pueden hacer al manejo fiscal de las últimas décadas y de los desafíos que aún quedan en materia de institucionalidad, lo cierto es que la conducción fiscal de los últimos veinte años ha sido seria y responsable. Ello nos ha permitido, por ejemplo, tener acceso a favorables tasas de interés, así como también dar sostenibilidad al financiamiento de las políticas sociales y enfrentar períodos negativos de crisis económicas con ahorros y con buen acceso al mercado de capitales.

El Gobierno quiere avanzar decididamente en descentralización fiscal, tema que se discutió en un reciente seminario de Clapes UC donde participó el ministro de Hacienda. La idea es que decisiones tomadas más cerca de donde existen las necesidades serían más eficientes. Ello tendría un efecto positivo en la asignación de los recursos y en el bienestar de las regiones. La premisa tiene sentido, pero siempre y cuando no se ponga en riesgo la fortaleza fiscal, porque de ser este el caso, el balance para el país terminaría siendo negativo. Por eso, se deben modificar algunos aspectos del proyecto de ley de descentralización fiscal.

En primer lugar, es necesario reforzar la exigencia de responsabilidad fiscal para los gobiernos regionales (Gores). Si bien el proyecto de ley establece que habrá reglas fiscales regionales, estas no se especifican y, al mismo tiempo, se incorpora la posibilidad de que las regiones emitan deuda, aunque sin establecer normas o límites a esta facultad. Un segundo aspecto a tener en consideración es que las métricas fiscales que usamos en Chile e incluso el mandato del CFA son para el gobierno central. Con este proyecto de ley, los Gores salen de este perímetro y, por lo tanto, su deuda quedaría fuera del objetivo de deuda que aplica para el gobierno central, así como también del monitoreo del CFA.

Es necesario entonces que, en caso de avanzar este proyecto, se incorpore un mecanismo de consolidación de cifras a nivel nacional, lo cual requiere que exista información con los más altos estándares de transparencia, oportunidad y homologación, tanto entre regiones como con el gobierno nacional. Se requiere también que el nivel prudente de deuda se establezca para el gobierno total (incluyendo las regiones) y que la principal ancla fiscal siga siendo el balance estructural, incluyendo a todo el gobierno, cualquiera sea la descentralización que este tenga.

Asimismo, es necesario que el CFA no solo pueda ser consultado sobre ciertas materias relativas a los gobiernos regionales, sino que tenga atribuciones propias y autonomía en esta materia. Esto requiere también que la entidad cuente con los recursos necesarios para resguardar el manejo fiscal responsable de los recursos por parte de las regiones, algo que el proyecto de ley no considera.

En tercer lugar, es poco realista sostener que el gobierno central no otorgará garantías a los gobiernos regionales. Es un hecho que será así. De esta forma, cualquier potencial desorden fiscal en una región repercutirá y deberá ser cubierto por recursos del gobierno central. Sería política y socialmente inviable dejar que un gobierno regional caiga. Esta es otra razón por la que reforzar la responsabilidad fiscal de los Gores debe ser una prioridad de la discusión legislativa del proyecto.

En suma, el proyecto de descentralización enviado por el Gobierno al Congreso debería ser mucho más explícito en resguardar el uso responsable de los recursos públicos y no poner en riesgo una de las mayores fortalezas económicas de nuestro país. En el mundo conocemos buenas y malas experiencias de descentralización fiscal. Si vamos a avanzar en esta dirección, es importante que sigamos las buenas experiencias y no cometamos los errores que han cometido países por todos conocidos, que buscando dar más autonomía a las regiones, terminaron generando un problema fiscal mayor para todo el país. El proyecto de ley de descentralización fiscal es otro caso más en que los parlamentarios deben revisar la iniciativa, mejorarla y fortalecerla para evitar los potenciales efectos negativos que podría generar.

Felipe Larraín B.
Director Clapes UC Profesor Titular Economía UC