Son muchas las dimensiones históricas necesarias de analizar para comprender por qué se produjo el golpe de Estado hace 50 años. Una de ellas, el comportamiento de los partidos políticos, que pueden ser vistos como los principales actores de una tragedia que se va desenvolviendo hasta culminar en el bombardeo de La Moneda.

Ha sido usual diferenciar las estrategias de los partidos ejes de la Unidad Popular, socialistas y comunistas, cargando la responsabilidad del desenlace al Partido Socialista por haber abrazado la vía revolucionaria a la cubana, confiando en la organización de un poder popular armado para alcanzar el socialismo. Se ha argumentado que, por el contrario, el Partido Comunista se habría comprometido con la institucionalidad democrática liberal como camino para llegar al socialismo en etapas sucesivas; por eso, los comunistas habrían sido el mejor apoyo a Allende dentro de la UP.

No obstante, esta línea de análisis es limitada y parcial, pues oscurece el hecho de que ambas estrategias apuntaban a establecer en Chile un régimen socialista. Socialista, no socialdemócrata. Y que en 1970, un régimen socialista para Chile tenía solo dos referentes posibles: la dictadura cubana o la de los países de Europa Oriental.

Paradójicamente, no pocos dirigentes de la Democracia Cristiana se definían como anticapitalistas, sin claridad sobre qué implicaba esta definición ni cuál era el régimen económico social al que se aspiraba, y a la vez, eran anticomunistas, lo que generaba contradicciones en su relación con los partidos de la izquierda. De sus filas salió el MAPU y la IC, que se sumaron luego a la UP, desde donde, con la vehemencia de conversos, empujaron hacia una aún mayor radicalización política.

La conformación de un poder popular armado tanto en industrias y poblaciones como en los campos, junto a los resquicios legales utilizados para requisar e intervenir fábricas y bancos y controlar la distribución de bienes de consumo básico, precipitaron a la Democracia Cristiana a una alianza con el Partido Nacional, que representaba políticamente a la derecha. Por cierto, era muy improbable que algo así hubiese podido ocurrir en 1970, cuando la DC era profundamente antiderechista, y por su parte, la derecha desconfiaba de esta. A su vez, el Partido Radical, que en 1970 integraba la UP, se dividió y un sector pasó a la oposición.

El Partido Nacional se empeñó en atajar al gobierno de la Unidad Popular, cuestión vital no para defender intereses económicos primordialmente, sino como sobrevivencia. Tomaron en serio amenazas que se coreaban en marchas de la UP: “Los hombres al paredón, las mujeres al colchón” (en ese entonces, la izquierda no era feminista). Utilizaron todas las vías institucionales posibles. En un primer momento intentaron que el Congreso Nacional no ratificara la elección presidencial de Allende y con Alessandri renunciado llamar a nuevas elecciones, con Frei como candidato: la Constitución lo permitía, pero la DC se opuso.

Haciendo gala de pragmatismo, pasaron de oponerse firmemente a la DC a forjar una alianza con ellos como oposición a la UP, llamada CODE. En conjunto eran mayoría en el Congreso, y acusaron constitucionalmente a varios ministros de Estado; Allende los nombraba en otro ministerio. Apoyaron movilizaciones sociales antigubernamentales. Y en las elecciones de marzo del 73, intentaron obtener los dos tercios del Senado para acusar constitucionalmente al Presidente. Pero el país estaba dividido en dos: 56-43 por ciento. Desde la Cámara de Diputados aprobaron una declaración instando al Presidente y a los ministros militares a terminar con las actuaciones inconstitucionales que quebrantaban el Estado de Derecho. Allende respondió objetando el emplazamiento a los ministros militares, argumentó que se incitaba a las FF.AA. a la deliberación, en definitiva, al Golpe que conduciría a la guerra civil.

Hasta agosto del 73 hubo intentos de acuerdo entre Allende y la Democracia Cristiana. Este no fue posible. Si Allende cedía a sus exigencias —frenar el proceso revolucionario, poner fin a las tomas de fábricas y campos, restituir las industrias requisadas y fijar las tres áreas de la propiedad— habría tenido que reprimir, y no estuvo dispuesto a hacerlo. Necesitaba el apoyo del PS y PC para desmovilizar a las fuerzas revolucionarias constitutivas del poder popular, y así evitar reprimir. No lo tuvo. A pesar de que el general Prats advirtiera a los dirigentes de los partidos de la UP que las condiciones estaban dadas para un golpe de Estado, que este sería muy violento, que vendrían tiempos muy duros, y que él no estaría disponible para dividir el Ejército y llevar el país a la guerra civil.

El golpe de Estado llegó como consumación de la tragedia protagonizada por todos los partidos, en un escenario de acelerada radicalización y confrontación política y social. Una tragedia que aún nos tiene atrapados, sin poder hacer nuestra catarsis.

Sofía Correa Sutil