Los distintos sectores políticos representados en el Consejo Constitucional presentaron esta semana las enmiendas al texto de la Comisión Experta.

Antes que se inicie su debate y votación ya surgieron voces denunciando que una mayoría de los consejeros quería “pasar máquina”. ¿Por qué? Por proponer cambios que ellos consideran relevantes y porque efectivamente, unidos, tienen votos suficientes para aprobarlos.

El debate constitucional parece estar capturado por la lógica de la unanimidad. Ni siquiera de los acuerdos o de mínimos comunes. Es decir, si un sector promueve una norma (y tiene votos para aprobarla) pasaría a ser ilegítima si el resto no la comparte.

¿Alguien cree que si la ministra Jara tuviera los votos suficientes para aprobar la reforma previsional que quiere, no lo haría? ¿O si el ministro Marcel pudiera sacar adelante su reforma tributaria solo con los partidos de izquierda, no lo haría? ¿Renunciarían a hacerlo para evitar ser acusados de “pasar máquina”?

Es cierto que aquí se trata de elaborar una Constitución, no un programa de gobierno ni una ley o política pública en particular, pero la naturaleza de un texto constitucional, elaborado por un órgano elegido, no puede prescindir de lo que los chilenos expresaron a través de su voto.

¿Qué se pretendía con este Consejo elegido? ¿Que simplemente replicara y acatara lo que hizo la Comisión Experta? Si la idea era que no se tocara ese texto, ¿para qué se inventó este segundo órgano? Si solo es válida la regla del empate o de la unanimidad, ¿para qué se permitió a los chilenos elegir a sus consejeros constitucionales? ¿O solo tenía sentido este órgano si los resultados electorales hubieran sido distintos?

El diseño del proceso implicaba una primera etapa con una comisión designada; una segunda, con un consejo elegido democráticamente en que un sector obtuvo una mayoría contundente (sin reglas electorales ad hoc, como en la pasada Convención; sin Rojas Vade y su Lista del Pueblo; sin 17 escaños reservados para activistas del indigenismo); y la última etapa, un plebiscito en que será la gente la que decidirá si el nuevo texto le parece mejor o peor que la Constitución vigente.

El problema de la ex-Convención no fue que “pasaran máquina” a una minoría ahí adentro, sino que pretendieran refundar Chile en contra de la mayoría de los chilenos que estaban ahí afuera. Tenían los votos para escribir solos el texto, y así lo hicieron. ¿Era democrático? Sí. ¿Era una buena idea? No. Porque había un plebiscito de salida y para eso necesitaban ofrecer un texto que le hiciera sentido a la gente.

Lo que está pasando en este proceso no tiene comparación alguna con lo ahí vivido. Las enmiendas presentadas por el sector mayoritario del Consejo reflejan sus convicciones y no pasan a llevar ninguno de los bordes definidos por el Congreso Nacional. Y por supuesto, tampoco pretenden inventar un país desde cero. Nadie está proponiendo eliminar el Senado, terminar con la independencia del Poder Judicial, concentrar el poder total en perjuicio de las minorías, dividir a Chile en distintas naciones, refundar a Carabineros, ni hacer una Constitución que viole la igualdad ante la ley estableciendo privilegios para pueblos indígenas en desmedro de los chilenos no indígenas.

Se les critica, también, que estarían proponiendo normas que no deberían ir en una Constitución. Es cierto que las constituciones están llamadas a regir por décadas, pero son igualmente hijas de su tiempo. Por ejemplo, es completamente razonable que la Constitución vigente, después de lo ocurrido durante la Unidad Popular, regulara al detalle la expropiación. Hoy, habiendo en el Congreso proyectos de ley que ponen en riesgo la propiedad privada sobre los fondos de pensiones, es esencial resguardarla a nivel constitucional. Lo mismo ocurre respecto de enmiendas tributarias o del derecho a la salud.

Alcanzar acuerdos es importante, pero no se puede olvidar que la democracia es la forma de zanjar los desacuerdos. Si un sector, teniendo votos suficientes, deja de aprobar una norma que responde a sus más profundas convicciones, ¿quién gana y quién pierde? Porque ahí no hay empate. “Gana Chile”, dirán aquellos que no soportan sostener una posición que no genere unanimidad en la élite política. Pero no es verdad. Para hacer un texto que le haga sentido a la gente y sea percibido mejor que la Constitución actual, las mayorías deben expresarse al interior del proceso. Porque afuera, al final, en el plebiscito de salida, sí lo harán.

Marcela Cubillos