El título no es idea mía. Aníbal Pinto, economista autor del famoso libro “Chile, un caso de desarrollo frustrado”, en su último párrafo escribió que la contradicción entre un sistema político altamente redistributivo y una economía que no produce lo suficiente “tendría que romperse o con una ampliación substancial de la capacidad productiva y un progreso en la distribución del producto social o por un ataque franco contra las condiciones de vida democrática que, en esencia, son incompatibles con una economía estancada”.

Recuperar la capacidad de crecimiento es esencial. En la época de Pinto, 1958, sabíamos poco cómo crecer. Ese mismo año, Solow publicó el famoso artículo que hoy reconocemos como el primer modelo de crecimiento económico. Si bien las sugerencias de política de Pinto no son útiles hoy, su diagnóstico sí: las condiciones de vida democrática son incompatibles con una economía estancada. En este año de conmemoración del golpe de Estado es útil recordar esta advertencia hecha por Pinto 13 años antes. Hoy tenemos nuevamente un problema de crecimiento y urge retomar una senda de desarrollo económico. ¿Cómo hacerlo?

Hay muchas teorías. Algunos plantean que hay que promover el ahorro y la inversión, para lo cual el sistema tributario no debe ser un desincentivo. Otros plantean que es necesario invertir en capital humano, para lo cual hay que invertir en educación, lo que requiere recursos permanentes. Otros hablan de la economía del conocimiento, lo que implica, además de capital humano, un esfuerzo persistente de investigación y desarrollo. Finalmente, otros plantean que es necesario fomentar la innovación para que nuevas estructuras —dentro de empresas existentes o a través de nuevas empresas— reemplacen a estructuras antiguas, el llamado proceso de destrucción creativa.

En los hechos, hay que hacer todo lo anterior. Pero estas “recetas” parten de un supuesto sin decirlo: que hay un marco institucional eficaz, en el sentido de que juega bien su rol de enmarcar los comportamientos humanos con el menor costo posible. Ese marco fomenta el comportamiento prosocial y permite la toma de riesgos de manera acotada y a plazos largos.

El marco institucional chileno está desestabilizado en tres aspectos cruciales. Sin estabilizarlos antes, cualquier receta para retomar el crecimiento es inconducente; es como echar agua a un cántaro roto.

Primero, la reforma de pensiones. El resultado del sistema previsional —de la seguridad social en general— es la forma que usa cualquier persona para evaluar con qué justicia el país trata a los viejos que ya dieron lo que podían dar al progreso del país. Si la calidad de vida de los retirados cae excesivamente al jubilar, su entorno concluye lo obvio: no es justo. Hoy las pensiones son muy bajas y si no hacemos nada, lo serán por los próximos 20 años al menos. Llevamos 12 años bloqueados discutiendo una reforma y eso tiene efectos sociales, políticos y económicos difíciles de manejar.

Segundo, es fundamental un pacto fiscal para estabilizar la tributación. No podemos hacer reformas tributarias a cada rato. Hay solo una cosa más distorsionadora sobre el proceso de ahorro e inversión que los impuestos: la incertidumbre sobre el régimen tributario. Sin sacar este tema del horizonte, la inversión será siempre de corto plazo, poco productiva.

Finalmente, lo más básico: es crucial estabilizar el tema constitucional. Ningún país resiste que sus reglas fundamentales estén permanentemente cuestionadas. Tenemos que cerrar este capítulo de una vez, pero cerrar no quiere decir aprobar cualquier texto. Necesitamos una Constitución que sea respetada y aceptada por todos, porque, desde la perspectiva económica, el rol que juega la Constitución es fijar los márgenes de lo aceptable y por eso ayuda a delimitar razonablemente los escenarios posibles. Una buena Constitución, además de tener disposiciones técnicamente adecuadas, debe ser legítima para que permita la toma de riesgos y reduzca los costos de resolución de conflictos.

En lo que queda de 2023 estaremos simultáneamente discutiendo estos tres temas: el que permite evaluar la justicia del contrato social, el que permite fijar incentivos a los privados y la capacidad de financiamiento de largo plazo del Estado, y las reglas generales que permiten la cooperación en sociedad.

Si queremos resguardar nuestra democracia y generar progreso económico y social para todos los habitantes de Chile, como se hizo en otro contexto y con otros desafíos desde 1990, es imprescindible que gobierno y oposición sean realistas, responsables y cooperen. La clase política tiene frente a sí un desafío al que es difícil no asignarle una dimensión histórica de primer nivel. Si creen que exagero, recuerden la advertencia de Pinto.

Guillermo Larraín
Académico, FEN, Universidad de Chile