Faltando un mes y medio para que el Presidente Boric alcance un cuarto de tiempo de su período presidencial, la tarea no ha sido fácil.

En materia política, dos grandes derrotas electorales, la del 4 de septiembre y la del 7 de mayo; minoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado; gobernar con dos coaliciones, integradas por 10 partidos y un movimiento, es complejo, sumando a lo anterior bancadas parlamentarias oficialistas a veces muy díscolas. En materia económica y social, un bajo crecimiento, un alto desempleo y una inflación que en su punto más alto superó los dos dígitos. Habría que agregar, además, la violencia en la macrozona sur, la inmigración ilegal y una escalada de delincuencia común y crimen organizado.

A pesar de todo lo anterior y mucho más, se han logrado en este período avances importantes: la ley de 40 horas, que en régimen beneficiará a millones de trabajadores; el fin del copago en Fonasa, que hasta ahora ha beneficiado a más de 600.000 afiliados; el alza del salario mínimo a $500.000 a partir de julio del próximo año, que beneficia a 1 millón de trabajadores; el royalty a la minería, del cual un tercio de lo recaudado, US$ 450 millones, ayudará a la inversión territorial en las 16 regiones, en las 32 comunas mineras y en las 301 comunas más vulnerables. Habría que agregar la caída relevante de la inflación este año, un responsable manejo de política fiscal y una inversión extranjera directa que alcanzó en 2022 a US$ 20.000 millones, ocupando el tercer lugar en el ranking de América Latina.

Sin embargo, en esta dirección habría que perseverar en dos reformas estructurales: la tributaria y la de pensiones.

El escenario de un tercer fracaso de la política para materializar una reforma previsional es muy preocupante, debe llamarnos a la reflexión y, a partir de ahí, tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo por el bien superior del país.

Respecto de lo primero, lo que se observa es que el debate sobre la arquitectura de un nuevo sistema de pensiones a veces parece soslayar lo obvio y urgente: ¡necesitamos mejorar las pensiones de los actuales y futuros jubilados ahora! Este es un problema social apremiante. Independientemente de cómo oscile el péndulo político, la dura realidad de una vejez en los límites de la sobrevivencia —que experimenta una amplia franja de nuestros compatriotas— permanece como una herida abierta.

Algunas cifras recientes dadas a conocer por la Superintendencia de Pensiones hablan por sí mismas, grafican el problema con crudeza. En mayo de 2023, el promedio de pensión autofinanciada de las AFP para los nuevos pensionados que cotizaron al menos 25 años llega a 218 mil pesos.

En el caso de las mujeres alcanza solo a los 160 mil pesos. Y considerando una densidad más realista para ellas, ya que suelen tener amplias lagunas por retirarse del mercado laboral por maternidad o para ejercer labores de cuidados, se constata que, habiendo cotizado entre 15 y 20 años, logran una pensión autofinanciada de apenas 65 mil pesos.

Pero para tener una visión completa del problema hay que considerar también los riesgos de una nueva situación de bloqueo. Si algunos actores consideran que un nuevo fracaso da lo mismo, que la mantención del statu quo no tendrá consecuencias, se equivocan profundamente. En primer lugar, porque la dinámica de los retiros, que en sus inicios fue gatillada por las necesidades económicas que generó la pandemia de covid-19, pero se alimentó con creces de la pérdida de legitimidad del sistema de AFP, esa dinámica puede volver a desatarse con una fuerza incontenible. Para decirlo sin matices: si no existe reforma de pensiones, el próximo ciclo electoral que comienza con las municipales del próximo año y se encadena con la elección presidencial y parlamentaria de 2025 puede poner a la orden del día la demanda por el retiro del 100% de los fondos de pensiones.

Vaya paradoja: la tentación de mantener el statu quo puede derivar en una verdadera implosión del mismo, puede significar de facto el fin del sistema de AFP.

En segundo lugar, está el gran tema de la pérdida de legitimidad del sistema político. En el mundo y, por supuesto, en Chile se notan señales preocupantes: cuando las personas observan que la política no es capaz de llegar a acuerdos para solucionar problemas sociales urgentes, la tentación autoritaria y populista está a la vuelta de la esquina. Tomémosle el peso a esto, porque abrir dicha puerta no reduce la incertidumbre, solo la amplifica.

Finalmente, pongamos fin al juego de máscaras. Todos sabemos que la crisis de legitimidad del sistema de AFP es un hecho irremontable. La oposición sabe también que la reforma que propuso el expresidente Piñera contemplaba un fondo colectivo que introducía solidaridad por una vía distinta a los impuestos generales. Y nadie duda de que enfrentamos restricciones fiscales que ponen límites a subir la actual PGU de $204.000 a $250.000.

A pesar de todo, se puede seguir avanzando

FRANCISCO VIDAL