La reforma a la Ley de Transmisión recién ingresada al Congreso aborda una multiplicidad de temas, incluyendo medidas para acelerar el desarrollo de la transmisión eléctrica, la formulación de planes nacionales y subnacionales de energía, y diversos mecanismos complementarios para acelerar la descarbonización, ayudando, en particular, a las aproblemadas empresas de energías renovables del norte del país.

En efecto, la falta de capacidad de transmisión está en el origen de las dificultades que hoy enfrentan esas centrales, porque les impide enviar toda la electricidad que producen a los centros de demanda de la zona central. La consecuencia es que durante demasiadas horas del día (y solo pueden generar en el día) el precio que reciben por su energía es cero; a menudo, estas empresas tienen contratos de suministro suscritos con distribuidoras ubicadas en otras zonas del país, y para servirlos deben comprar energía a un precio mayor que el precio de venta establecido en los referidos contratos de suministro. Esta suma de situaciones les está significando importantes pérdidas.

El proyecto ahora presentado por el Gobierno dota de mayor flexibilidad a las licitaciones y la construcción de obras de transmisión, las que hoy a menudo quedan desiertas, inconclusas o enfrentan retrasos severos. Es este un problema serio: una ampliación retrasada tiene un alto costo para el sistema, como ocurrió, por ejemplo, en la zona al sur de Osorno durante meses. Otra modificación relaja las restricciones a la integración vertical en el sector, de modo de permitir que más empresas que operan en Chile puedan participar en las licitaciones

Un segundo grupo de medidas busca mejorar la planificación del desarrollo eléctrico. Así, habría Planes Nacionales de Energía definidos cada ocho años. Estos dependerían, a su vez, de Planes Estratégicos de Energía de regiones y polos de desarrollo, todo sometido a evaluaciones ambientales estratégicas. Es difícil determinar a priori si este entramado de planes tendrá alguna utilidad orientadora o llevará a mayor confusión y rigidez.

Respecto de las generadoras renovables del norte, hay varias medidas que las favorecerían. Desde luego, se amplía la noción de transmisión para incorporar el almacenamiento, pero no como apoyo al funcionamiento de la red, sino como arbitrador de energía. De este modo, se licitarían 2 GW de almacenamiento antes de 2030, instalaciones que comprarían electricidad durante el día, cuando el precio es bajo (contribuyendo a elevarlo), y la venderían durante la noche. Dado que el costo actual de almacenamiento es alto, este arbitraje no alcanzaría por sí solo a pagar la inversión, y la diferencia recaería en los consumidores, aunque estos tal vez recibirían algún beneficio por menores tarifas nocturnas. También favorecería a las generadoras del norte la posibilidad de recibir ingresos tarifarios cuando estos sobrepasen un límite predeterminado. El Gobierno argumenta que la propuesta disminuirá el costo futuro de la energía al atraer a inversionistas en renovables, pero en tal caso, ¿cuál sería el motivo para otorgar el beneficio a quienes ya están instalados? Estos tomaron su decisión de inversión sin que existiera ese incentivo, y dárselo ahora —a costa de los usuarios— es una simple transferencia desde los consumidores hacia ellos.

En resumen, se trata de una reforma que incluye aspectos positivos y otros de impacto ambiguo. Sin embargo, hay un tema que resulta vital para acelerar la construcción de obras de transmisión, que —tal vez por sus dificultades legales y políticas— se soslaya en esta iniciativa: el principal obstáculo para materializar proyectos de inversión en plazos prudentes son las discrecionalidades y lentitud en el proceso de evaluación ambiental, así como una judicialización que se prolonga mucho tiempo después de ya obtenidos los correspondientes permisos.