Señor Director:

La nueva Constitución no solo debe incluir la libertad de elección en salud “por razones históricas” como arguye Pablo Eguiguren y refuta Eduardo Engel en su diario. Las razones principales son no coartar un derecho básico y que los chilenos tengamos los mejores servicios de salud. Ahora, la coherencia histórica institucional a la que se refería Eguiguren es importante porque, como él decía, ayudaría a que la propuesta constitucional sea aprobada —dada su valoración— y, además, evita cambiar todo de un paraguazo.

Urge también resaltar la historia porque libertades como esta existen desde principios y mediados del siglo XX, pero es común escuchar que “esos libertinajes son un invento neoliberal”. Pero bueno, vamos al punto: no garantizar o prohibir la libre elección en salud —como lo hacía la propuesta constitucional anterior que Engel apoyaba— es coartar un derecho básico y, para coartar un derecho así, debe existir una razón extremadamente poderosa para hacerlo, como podrían ser evidentes consecuencias negativas o porque choca con otro derecho importante.

Esto, por ejemplo, ocurre en pensiones y es por eso que nos obligan a cotizar, pero no ocurría en pandemia, y sin embargo Engel quería obligarnos, con seguridad mesiánica, a hacernos colapsar mental y económicamente.

Es más, la teoría y evidencia de los monopolios estatales en Chile —y el mundo— que surgen de coartar derechos fundamentales de las personas en áreas como las que nombra Engel en su carta (telefonía, carreteras, electricidad, y muchos otros monopolios existentes durante la dictadura y que fueron “liberados”) mejoraron ostensiblemente gracias, justamente, a las “innovaciones posteriores” que Engel refiere y, sin embargo, no habrían aparecido con los principios estatistas que Engel defiende hoy.

Así, no se deberían coartar constitucionalmente derechos básicos que además limiten la flexibilidad institucional en ámbitos donde no tenemos una certeza clara de qué instituciones son las mejores (en casi todo ámbito de la vida). Mantener estas libertades básicas en servicios sociales, además, permite liberar recursos y evita desfalcos y desperdicios del Estado.

Fernando Claro V.
Fundación para el Progreso