Nunca fue muy claro lo que pretendía el Presidente Boric con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Al principio, dio la impresión de que la concebía como el momento en que su gobierno iba a mostrar un nexo esencial con el gobierno del Presidente Allende, de lo que debería deducirse que él era algo así como el heredero de aquella experiencia. Después, pareció que la programación buscaba tener un sello ecuménico, más o menos en línea con lo hecho por los gobiernos anteriores: una ceremonia sobria, con sentido de Estado, que recordara a las víctimas, evitara reabrir las heridas del pasado y favoreciera el entendimiento nacional.

El integrismo de izquierda dejó establecido que solo acepta una conmemoración partisana. Cuesta creer que Patricio Fernández no se haya dado cuenta de los riesgos que corría al desafiar esa visión. Mal que mal, él estuvo en la Convención, trató con el PC y pudo hacerse una idea. Pero, parece haberse ilusionado con la posibilidad de cuadrar el círculo, y ayudar así a que el Presidente dejara su huella en el aniversario.

Era difícil la misión, pero el clima creado por las derrotas oficialistas y la desaprobación de las encuestas la volvieron mucho más difícil. Haber sugerido en una conversación radial que podía haber diversas interpretaciones sobre las causas del 11 de septiembre, fue un pecado mortal. A partir de entonces, vino una campaña de demolición de marca conocida: fue presentado como alguien que justificaba el Golpe y negaba las violaciones de los DD.HH. Era falso, pero eso no importaba a quienes habían encontrado un nuevo “enemigo del pueblo” al que había que castigar.

Los crímenes de la dictadura jamás tendrán justificación, pero el dictador no apareció de pronto en nuestro país. Por lo tanto, necesitamos tener claro lo que no debemos hacer para que no surja otra tiranía. Por desgracia, en octubre de 2019 vimos reaparecer la irracionalidad política, que se expresó del modo que todos vimos.

Los nuevos inquisidores consideran que, respecto de los 50 años, no debe aceptarse crítica alguna a la responsabilidad de la izquierda en el desastre. Se trata de un intento vano. Vivimos en una sociedad abierta en la que no hay ni puede haber debates prohibidos ni temas tabú. No se ha creado todavía un “Ministerio de la Verdad” en Chile, solo una extraña comisión contra la desinformación. Pero, además, ¿cómo no abrirse a un debate que puede ser provechoso para todos? ¿Por qué creer que, si se cierran los ojos, desaparecen las verdades incómodas?

El gobierno del Presidente Allende fue tributario de la creencia de que el camino hacia la justicia social estaba unido a la dinámica de la lucha de clases y al objetivo de abatir el capitalismo. Su razón de ser era “hacer la revolución” y avanzar hacia lo que llamaba “el socialismo”. ¿Qué era eso? En primer lugar, un cambio drástico en la propiedad de los medios de producción, lo que permitiría quitar la base de sustentación material de las clases propietarias. Enseguida, vendría el cambio del derecho, las instituciones, la educación, la cultura prevaleciente, etcétera.

La noción de “conquista del poder” era definitoria. La marcha hacia el socialismo exigía que los revolucionarios tomaran el control del Estado sin vuelta atrás. Es lo que Fidel Castro les explicó a los chilenos en su gira de 24 días por el territorio nacional, a fines de 1971.

¿Cuánta conciencia tuvo Allende de las implicancias de aplicar un programa elaborado por la UP antes de que él fuera candidato? No mucha, en realidad. Ignoraba los principios de funcionamiento de la economía y, consiguientemente, la corrosiva dinámica que iban a desatar la intervención y la expropiación de empresas, la estatización de la banca, la expropiación de tierras a paso de carga, el control de precios en el comercio, la inflación, el mercado negro, el desabastecimiento y, finalmente, la desarticulación de la economía.

La UP alentó la polarización política de un modo suicida, sugestionada por la idea de que “las leyes de la historia” operaban a su favor. Mucha gente temió en aquellos días el advenimiento de una dictadura marxista. En octubre de 1972, en un cuadro de creciente violencia, Allende incorporó a las FF.AA. al gobierno, gracias a lo cual se pudo realizar la elección parlamentaria de marzo de 1973. En los meses finales, el mandatario intentó un acuerdo de pacificación con la DC, pero sin capacidad para tomar decisiones que fueran respaldadas por su propio partido.

Allende merece respeto por la entereza que mostró en la hora final, pero no hay cómo desconocer que la UP constituyó una perspectiva dramáticamente equivocada. Podemos aprender del pasado doloroso. Debemos hacerlo.

Sergio Muñoz Riveros