“Corresponden a fundaciones que no han reportado información, que le exige la ley, al ministerio y se encuentran asociadas a los contratos suscritos en Antofagasta, de modo tal que no han reportado, desde su constitución, o información alguna, o bien, que está retrasada en alguna cantidad de años”.

Los anteriores son parte de los motivos que el ministro de Justicia, Luis Cordero, entrega para explicar la decisión adoptada desde el Departamento de Personas Jurídicas —dependiente de la cartera que dirige— de ampliar la fiscalización respecto de la fundación Democracia Viva a otras cinco entidades de similares características, que también registran convenios suscritos con el Ministerio de Vivienda en Antofagasta, por distintos montos.

Esto, en medio de la crisis política que se ha generado en torno a las transferencias de dinero desde el Estado a organizaciones privadas cercanas a la izquierda o centroizquierda, amparadas en programas vinculados a campamentos de dicha región.

En conversación con “El Mercurio”, el ministro Cordero expone que se trata de las fundaciones y corporaciones Urbanismo Social; Procultura; Movimiento Fibra; Asociación Campamento de Ideas, y Fundación Cultura TomArte. Todas ellas, vinculadas por actividades políticas anteriores, o bien, por sus funcionarios, con sectores del oficialismo, como, por ejemplo, Revolución Democrática, uno de los principales partidos del Frente Amplio, conglomerado del Presidente Gabriel Boric.

Al igual que a Democracia Viva (ver recuadro), a estas entidades se les pidió, detalla el secretario de Estado, “sus memorias y balances pendientes; el cumplimiento del objeto social para el cual están constituidas; el régimen de su órgano corporativo, de sus directivos; los contratos suscritos, y la forma y modo en que han realizado sus sesiones”.

Ayer vencía el plazo con el que contaba la fundación liderada por Daniel Andrade (ex-RD), expareja de la diputada Catalina Pérez (RD), para hacer entrega de dichos documentos al Ministerio de Justicia. No obstante, el ministro afirma que estos se acompañaron “parcialmente”, y que se “solicitó prórroga para entregar los antecedentes complementarios que se le exigieron, para lo cual se le dieron cinco días hábiles”.

Obligaciones a cumplir por entidades

El titular de la cartera agrega que, obligatoriamente, este tipo de entidades debe enviar “anualmente las memorias y sus balances, pero el proceso de fiscalización está pidiendo información adicional a la que ellos deben reportar”.

En esta línea, Cordero señala que el fin del proceso de fiscalización iniciado por el ministerio es determinar si estas fundaciones o corporaciones se encuentran cumpliendo su “objeto social, que es aquel para el cual fueron autorizadas en su constitución (…) y, en segundo lugar, actualizar la información financiera y actividades para las cuales ellas están constituidas”.

Sin embargo, advierte que, ante un eventual incumplimiento, son pocas las herramientas con que cuenta la cartera, y el Estado propiamente tal.

Pocas herramientas para sancionar

“Los incumplimientos graves de los estatutos pueden llevar sanciones para solicitud de caducidad de la persona jurídica, que ni siquiera el Estado tiene facultades, sino que lo que tiene que hacer es pedirla judicialmente. En el caso del Ministerio de Justicia, lo tiene que hacer a través del Consejo de Defensa del Estado y, primero, acreditando el incumplimiento grave por parte de la fundación respectiva”, explica.

Tras esto, señala que, “lamentablemente, la ley no entrega más atribuciones que las que estamos realizando, en el caso del Ministerio de Justicia”. No obstante, recuerda que en el caso de fundaciones o corporaciones que están vinculadas al Registro de Transferencia de Fondos Públicos tendrían otras obligaciones “producto de los convenios de transferencia, pero será parte del debate de la comisión de expertos (conformada el lunes). Tiene que ver con la robustez del régimen de transparencia y de control sobre este tipo de instituciones”.

Sobre su relación con la instancia que realizará un diagnóstico y propondrá soluciones y sanciones, el ministro sostiene que “no tengo un rol formal para esa comisión, sin perjuicio de que el Ministerio de Justicia pueda entregarles todos los antecedentes que los comisionados estimen pertinentes, para efectos de formar su opinión (...). Es una comisión de expertos, con énfasis en transparencia y probidad, que son competencias del Ministerio Secretaría General de la Presidencia”.