Señor Director:

Una de las peores formas de degradar el debate político es reducir asuntos esenciales a querellas personales. Es lo que está ocurriendo con Patricio Fernández. Más allá de mi valoración de su persona, creo que lo más grave es lo que el caso ha puesto en juego.

Respecto de la conmemoración de los 50 años, hay una premisa básica y es condenar las violaciones de derechos humanos y expresar solidaridad con las víctimas. Pero a partir de ahí hay dos tareas diferentes, aunque complementarias. Una es la memoria; otra, la historia. En una sociedad que ha sufrido masivas violaciones de los derechos humanos hay que preservar el recuerdo del horror, lo que debe fundarse en hechos claros, no controvertibles, que muevan a la compasión y frente a los cuales no quepa negación.

En este sentido, tanto las declaraciones de Fernández como su vida pública son inobjetables.

Pero, a la vez, esos hechos deben ser objeto de la historia que, como se ha dicho tantas veces, es un asunto distinto e igualmente necesario. Si la memoria son hechos, una de las tareas de la historia es su interpretación. Y aquí sí caben no una, sino varias posiciones que compiten y normalmente por mucho tiempo, incluso siglos. Interpretaciones que no son neutras, pues la forma en que percibimos la historia, adelanta los rasgos del futuro que nos hemos propuesto construir. Es por esta razón que las dictaduras de los más variados pelajes se preocupan tanto por establecer una verdad oficial sobre el pasado, pues creen que al hacerlo pueden adelantar la forma que va a tener el futuro. En el intento de apropiarse de la historia lo que se busca es “imponer (…) un programa político y social” (Rieff).

Fernández, según interpreto sus declaraciones, procuró compatibilizar ambas cosas: memoria e historia. Pero para sus detractores, eso es inaceptable. Para ellos, la memoria debe ser la base de una “historia oficial” cuyos límites, para agregar injuria al despropósito, los fija un partido político. En este asunto no está en juego el ataque a una persona, sino que mucho más: la vigencia de principios fundamentales que el debate democrático debe respetar.

Genaro Arriagada Herrera