El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que prohibió —por una mayoría de 6 a 3— a las universidades de Harvard y Carolina del Norte usar la raza de los postulantes como criterio de selección está generando, en distintas latitudes, un debate interesante e intenso. En esta discusión, sin embargo, parece no siempre entenderse apropiadamente la sentencia. De hecho, el voto de mayoría sostiene, por ejemplo, que “nada en esta opinión debe interpretarse en el sentido de que se prohíba a las universidades considerar en la evaluación de la postulación de un solicitante cómo la raza afectó su vida, ya sea a través de la discriminación, la inspiración o de otra manera”. El planteamiento de la Corte Suprema, entonces, apunta a considerar la trayectoria de una persona más que la de un grupo en la postulación a la universidad. Es esto último lo que violaría —en opinión de la mayoría de los jueces— la cláusula constitucional que asegura la protección igualitaria. En particular, la Corte argumenta que “el o la estudiante debe ser tratado sobre la base de su experiencia como individuo antes que sobre la base de su raza”. La opinión de minoría, por el contrario, sostuvo que el fallo de sus pares, al asumir inicialmente una neutralidad sobre el origen racial de las personas, consagraría la segregación; es decir, la acción afirmativa aparece sostenida sobre la base de atender al colectivo antes que a los individuos particulares.

Se trata de un asunto que ha estado en la raíz de las discusiones políticas en Estados Unidos, pero lo cierto es que la visión de los jueces de minoría ha perdido fuerza en el debate. En efecto, un 60 por ciento de las universidades de ese país, muchas de las cuales tienen políticas de discriminación positiva, no usan colectivamente el origen racial como criterio de admisión. Varios estados con grandes centros universitarios, como California, Florida y Michigan, han prohibido hace varios años este criterio en la admisión de estudiantes. Por cierto, una parte importante del debate en el país del Norte está influida por el hecho de que las universidades más conocidas son especialmente selectivas: Harvard selecciona algo menos de dos mil estudiantes el primer año, y la Universidad de Carolina del Norte, una de las estatales más prestigiosas, 4 mil 400. Esto, de un total de 1,9 millones de personas que son admitidas anualmente en universidades en primer año, cifra que contrasta con las poco más de 140 mil que seleccionaron este 2023 las 45 universidades que en Chile participan en el sistema único de admisiones.

Nuestro país, de hecho, ha ido generando un acceso más equitativo a la educación superior por diferentes vías. Por un lado, privilegiando estrategias de financiamiento de los estudiantes que toman en consideración sus orígenes. Por otro, incorporando criterios de admisión distintos de los del sistema único y, además, exigiendo diversidad socioeconómica para acceder a algunas políticas institucionales; por ejemplo, para que una institución pueda ofrecer gratuidad, debe demostrar que, al menos, un 20 por ciento de su matrícula proviene del 40 por ciento más vulnerable. Respecto de los criterios de admisión, existe la posibilidad de adscribirse al programa de acceso a la educación superior (PACE), que incorpora consideraciones propias; adicionalmente, el mismo sistema único de admisiones contempla que hasta un 20 por ciento de la matrícula pueda ser llenado por admisión especial. Así, los planteles están ideando cada vez más alternativas de admisión que permitan elevar la diversidad de su alumnado para enriquecer la experiencia universitaria.

Todas estas políticas requieren una revisión más profunda para estudiar su impacto efectivo, pero no deja de ser interesante que la tasa de matrícula neta del primer quintil de ingresos en nuestro país sea 16 puntos porcentuales más alta que la del país que nos sigue en América Latina. Por supuesto, estas tasas de participación son muy distintas según carreras y universidades, pero incluso en las universidades más selectivas también ha habido avances relevantes. En este sentido, recurriendo a políticas pragmáticas —y sin que la actual realidad permita darse por satisfechos— Chile parece haber avanzado en inclusión más que muchos países que debaten sobre el carácter que debe tener la acción afirmativa.