Serva ordinem et ordo servabit te (“conserva el orden y el orden te conservará”), dice un antiguo proverbio latino. El discurso en torno al orden ha sido una constante en nuestra historia. Vale la pena recordarlo.

Inspiró la Constitución de 1833 con una construcción organicista de la sociedad, y sus redactores pretendieron, como afirmó el Presidente Joaquín Prieto en su presentación, “asegurar para siempre el orden y la tranquilidad pública contra los riesgos de los vaivenes de partidos a que han sido expuestos”. Inserta en una visión de progreso propia de su época, el orden que construyó contenía la flexibilidad necesaria para que la democracia pudiera prosperar, como de hecho ocurrió.

La Constitución de 1980 también buscó establecer el orden. A diferencia de la de 1833, sus redactores reaccionaron contra los excesos a que, en su opinión, había conducido la democracia, y se propusieron evitarlos en el futuro. Para permitir que la democracia volviera a recuperar su potencial de cambio debió sufrir importantes reformas.

Orden es un concepto polisémico, sujeto a distintas acepciones, todas ellas con diversas consecuencias en su aplicación sobre lo político y social. Alude también a un ordenamiento, entendido como una disposición de las cosas, opuesta al caos, al desorden.

¿Por qué, como reza el proverbio, habría de conservarse el orden y en qué medida el orden protege? Fundamentalmente porque provee de una estructura en torno a la cual se organiza la vida social y que, en democracia, son las instituciones que permiten que se ejerza la libertad y se custodien los derechos. Por ello, es esencial a la política y condición de posibilidad para los cambios que se requieren en todo momento.

También por ello se explican las decisiones colectivas que rechazan tanto los excesos que pueden producirse en su búsqueda —la represión, por ejemplo— como sus ausencias. El rechazo a la propuesta constitucional de la Convención y el apoyo al partido que se define en torno al orden es un ejemplo de disyuntivas históricas ante las cuales la sociedad reacciona por percibir una ausencia de orden. En algunas circunstancias el apego al orden puede ser paralizante —es uno de los riesgos que se deben evitar— pero asegurar un espacio de cambio.

Es posible que el actual debate sobre el escándalo que ha involucrado a representantes del partido Revolución Democrática —y tal vez no solo a ellos— exija que el país reflexione nuevamente sobre el concepto de orden, y aquello que el orden protege. La generación en torno a ese partido se ha caracterizado —es parte del espíritu de la época— por rebelarse contra los órdenes establecidos a nombre de una superioridad moral que cuestiona la historia y rechaza las mediaciones institucionales que son justamente las llamadas a fijar los parámetros en torno a lo correcto en sociedad. Tienen la dificultad adicional propia de sociedades secularizadas, de carecer de las claras orientaciones normativas y de los criterios de verdad que han acompañado a las generaciones anteriores. En consecuencia, pueden llegar a afirmar, como lo ha hecho un diputado recientemente, que sería natural que algunos funcionarios o representantes cercanos al poder tiendan a subvertir el orden.

Aunque siempre es posible que personas busquen aprovechamiento de su función política, no tiene nada de natural que quienes poseen espacios de poder abandonen su función de escudo protector frente a cualquier exceso. El orden, como opuesto al desorden, y valla protectora, asegura la tranquilidad pública, pero exige también la observancia de normas y principios esenciales necesarios para la convivencia en sociedad.

El caso Convenios demuestra que quienes expulsan al orden de su constelación conceptual por asociarlo equivocadamente a autoritarismo, a tradiciones añejas, o a inmovilismo, corren el riesgo de perder sus propias banderas. En este caso, la superioridad moral, esgrimida como su caballo de batalla y argumento contra las generaciones anteriores.

Ana María Stuven
Profesora titular PUC/UDP