El anteproyecto constitucional en debate impone al Estado el deber de garantizar acceso efectivo a salud, seguridad social, educación y vivienda. Como correlato, reconoce implícitamente la opción de elegir libremente entre sistemas públicos y privados para su gestión y provisión. Empero, los cuestionamientos a la consagración de la libre elección no cesan, y es dable anticipar que se profundicen en la campaña previa al plebiscito de salida. Se argumenta que la constitucionalización de la alternativa público-privada no existe en ninguna Constitución que adscriba, como se espera lo haga la chilena, a un modelo de Estado social y democrático de derecho.

La relevancia de esta disputa es medular. Ella deja en evidencia la necesidad de definir, aunque sea en lo esencial, en qué consiste la calificación del Estado de Chile como “social y democrático”. Ni la literatura ni los modelos constitucionales europeos de “Estados de bienestar” nos entregan respuestas ni, menos aún, certeza jurídica. Calificativos como “social” o “subsidiario” aluden a principios teóricos que orientan una organización social, pero que en los hechos admiten concreciones muy diversas. La ciudadanía, ajena a estos tecnicismos, simplemente ignora la discusión, en tanto las adhesiones de la “minoría informada” descansan más en afinidades intuitivas que en un conocimiento acabado sobre qué constituye un Estado social y qué lo hace diferente de su antecesor subsidiario.

En teoría política, el énfasis en cuanto al grado deseable de intervención estatal en materia económica y social varía desde las visiones libertarias, llegando hasta los socialismos. Se ha dicho que el Estado “social y democrático” habita en un centro, donde se espera una intervención estatal directa para ciertas prestaciones sociales, e indirecta para regular y fiscalizar el mercado. El mercado, a su vez, no solo se tolera, sino que es indispensable para que el modelo pueda honrar su calificativo de “democrático”: no hay democracia sin libertad de elección. El “Estado socialista”, en cambio, no interviene, sino que controla, monopolizando sectores económicos y apropiándose de medios productivos y aun del ahorro previsional. El “Estado socialista”, de hecho, se postula como una etapa en el camino hasta la concreción, por la vía constitucional, del colectivismo estatal.

Si un sistema como el chileno migra de un modelo subsidiario a uno “social y democrático”, bajo la consigna de aumentar la cobertura y garantía estatal por derechos sociales en un sistema democrático, se torna indispensable entonces decir así, expresamente, que ese avance no priva a las personas del derecho de elección que ya tenían. Se torna indispensable aclarar que un “Estado social” no es, en consecuencia, el “Estado socialista”.

Fernanda García