Chile extravió su capacidad de crecer. Esto se arrastra desde hace una década, pero se ha agudizado en los últimos meses. El comienzo de nuestra caída fue la reforma tributaria del segundo gobierno de la expresidenta Bachelet, que gravó en forma excesiva a las empresas, destruyendo la inversión, y por ello solo recaudó la mitad de lo esperado. Antes de la reforma éramos el país de Occidente que más crecía, con tasas cercanas al 6%, pero, tras ella, pasamos a crecer por debajo del promedio mundial.

Luego, el estallido social y su violencia deliberada y extrema generó una crisis institucional profunda que frenó la inversión y desvalorizó el peso.

Iniciada la pandemia, los retiros de los fondos de pensiones fueron la expresión máxima del populismo en política, destruyendo el ahorro, erosionando el mercado de capitales y generando la mayor inflación en 30 años.

Más recientemente, el actual Gobierno ha develado en su programa una visión estatista del desarrollo, la que se expresa en reformas emblemáticas, como la tributaria y de pensiones, lo que ha propiciado un clima de desconfianza hacia los privados.

Las proyecciones para los próximos años no son auspiciosas: un crecimiento apenas por sobre el 2% es muy poco para un país que lucha por sobrepasar la trampa de los ingresos medios. En resumen, hoy somos un país más pobre, más desigual y con instituciones debilitadas. Desolador, ¿no? Hemos cometido muchos errores y nuestra responsabilidad es aprender de ellos.

Aún es tiempo de enmendar el rumbo. Para hacerlo debemos dar un drástico giro y tomar un nuevo camino, el que tiene al menos dos estaciones esenciales que tienen como común denominador el liderazgo en política. La primera es la aprobación amplia de una nueva y buena Constitución, fundamental para reducir la incertidumbre e inyectar confianza en las reglas del juego de nuestra economía. La segunda es que el Gobierno cambie sus prioridades, impulsando esta vez sí una verdadera y amplia agenda procrecimiento, que permita crear más empleos, aumentar los salarios, ahorrar más y mejorar las pensiones. Para ello, debe convocar acuerdos de buena fe que se resuelvan en el Congreso, con el aporte de las Mipymes, las grandes empresas, la sociedad civil y las regiones. La tarea no es fácil.

Para avanzar, esta agenda exige una serie de medidas concretas. Primero, evitar nuevas alzas de impuestos, que terminarán destruyendo aún más el ahorro y la inversión, para entregarle recursos a un Estado que ha demostrado ser ineficiente en tareas redistributivas. Recordemos que ya se aprobó el royalty minero, que aportará 0,5% del PIB, y que es posible seguir avanzando en medidas que sean razonables contra la evasión tributaria. Al respecto, una verdad incómoda: de nada sirve aumentar los impuestos a las personas si no se amplía la base tributaria, que en Chile llega solo al 25% de las personas, versus el 75% en la OCDE. Por cierto, la economía política de un cambio tributario de esta índole exige un acuerdo transversal que hoy se ve muy lejano.

Segundo, mejorar las capacidades del Estado para gastar bien los cuantiosos recursos que ya le entregan los contribuyentes. Junto a Felipe Larraín hemos propuesto una serie de medidas que podrían liberar recursos entre 0,5% y 1% del PIB, para redestinarlos a prioridades ciudadanas.

Tercero, avanzar en derribar las múltiples barreras burocráticas a la inversión y construir incentivos tributarios apropiados para nuevos proyectos, el crecimiento de las Mipymes y el desarrollo sostenible de las regiones.

Cuarto, fortalecer nuestro mercado laboral, generando incentivos para reducir la informalidad —que hoy llega al 27,4%— y aumentar la participación laboral femenina.

Quinto, llevar la reforma educacional al aula, fortaleciendo buenas experiencias como los Liceos Bicentenario, que se han transformado en los nuevos liceos emblemáticos.

Sexto, promover el ahorro y la rentabilidad de largo plazo en nuestro sistema previsional, fortaleciendo la capitalización individual y la libertad de elección. Esto exige comenzar a discutir un nuevo proyecto de pensiones.

El camino está cuesta arriba. No sirven ni el buenismo, ni las imposiciones, ni el obstruccionismo. Hay que anteponer el bien común y mucha capacidad de diálogo y trabajo para volver a hacer las cosas bien. Por eso, es imperioso que la administración se conecte con las prioridades de las personas, para que, pese a las adversidades de una economía global deteriorada, podamos torcer el curso de nuestros propios errores y recuperar esa extraviada vocación de progreso que caracterizó siempre a Chile y su gente.

Alejandro Weber
Decano Facultad de Economía y Gobierno Universidad San Sebastián