El proyecto de nueva Constitución preparado por la Comisión Experta dispone que “nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación”, con lo cual no habría innovaciones en esta materia. En consecuencia, la pertenencia a una organización gremial, como lo es un colegio profesional, continuaría siendo voluntaria, aunque estas agrupaciones siguen facultadas para conocer las reclamaciones que se puedan formular sobre la conducta ética de sus miembros. No obstante, sus resoluciones son apelables ante las Cortes de Apelaciones. En el caso de los profesionales no miembros, serán juzgados por los tribunales competentes de conformidad a la ley.

Sin embargo subsisten corrientes partidarias de exigir la obligación de pertenecer a los colegios profesionales. Es una idea polémica, pues con ella se pasa a llevar un derecho fundamental. Quienes la defienden lo reconocen, pero estiman que la libertad de asociación no puede carecer de límites y consideran que el control ético quedaría mejor resguardado. Pero la experiencia chilena no lo ha demostrado así, pues la obligación de pertenecer a los colegios profesionales se exigió durante años sin que con ello se lograra un mejor control ético y, por el contrario, se les otorgó a estas asociaciones una jerarquía artificial que llevó a su rápida politización, la que tiende a persistir incluso hoy, en que la pertenencia es voluntaria.

Muchos dirigentes profesionales han utilizado a sus colegios como medios para saltar a la política, y existen senadores, diputados y toda suerte de asesores y funcionarios públicos cuya carrera se originó en un colegio profesional. Por lo demás, la actuación política de ellos ha estado recientemente en la primera plana, como lo revela la intervención resuelta del Colegio de Profesores por impedir la reanudación de clases luego de la pandemia con el fin de oponerse a las resoluciones oficiales del gobierno de entonces. Para no mencionar la participación del Colegio Médico, crítico de toda la línea de control de la epidemia que luego ha sido celebrada por técnicos y observadores extranjeros. De esa institución, surgieron la primera ministra del Interior, subsecretarios y asesores del actual gobierno.

Varios de los más importantes colegios son hoy dominados por algún partido o corriente política, y no son ellos los más indicados para controlar la ética de los profesionales. En una época anterior, cuando estas instituciones tenían facultades para vigilar el comportamiento de todos los profesionales de la respectiva orden, se elaboraron varios códigos de ética, la mayoría con falencias que no resistirían un debate público. En los hechos, muchas veces la principal falta que podía cometerse era no enterar las cuotas de membresía. La tarea consistía en evitar disputas entre profesionales, como sería levantarse un cliente. Pero las conductas auténticamente antiéticas quedaban sin sanción por años.

En este debate deben, además, tenerse en consideración casos especiales de profesionales a los que en ningún caso se les podría obligar a pertenecer a una determinada asociación, como los periodistas, declarados libres de esa obligación por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.