El gobierno del Presidente Boric ha creado por decreto, sin discusión en el Congreso, una “Comisión contra la Desinformación” para asesorar y proponer políticas públicas a la Secretaría General de Gobierno, actualmente liderada por la ministra comunista Camila Vallejo. Esto ha suscitado una fuerte reacción en la sociedad civil y en organismos internacionales encargados de velar por la libertad de expresión, que es uno de los principales derechos humanos, del cual otras libertades dependen. Se teme que ello podría devenir en censuras y controles de los medios de comunicación y poner en peligro la libertad intelectual para informar a la ciudadanía con independencia y autonomía.

El principio sobre el cual se funda la libertad de expresión es el derecho de cada individuo a acceder, explorar y expresar ideas, opiniones e información sin censura, restricción o temor a represalias, al margen de cuán controvertidas o impopulares ellas puedan ser. Aquello es la base para la creatividad, la innovación y el progreso en las ciencias, las artes y la sociedad en general. La creación de una comisión gubernamental para velar por la “corrección” de la información presagia un avance ominoso en el sendero del control gubernamental de la información.

La desinformación, la propaganda y la censura generalmente provienen de los gobiernos más que de instancias individuales de falsificación de la verdad o fake news. Es precisamente bajo los gobiernos totalitarios que se silencian las voces críticas, se utilizan las nuevas tecnologías para bloquear el acceso a las redes, se persigue a los disidentes, se crean regulaciones restrictivas a la libre circulación de ideas, se controla la prensa, se establecen medios de comunicación estatales y se persigue a aquellos privados que logran subsistir temporalmente.

Las regulaciones arbitrarias a la libertad de expresión, en la teoría —y así lo demuestra además la evidencia empírica— son incompatibles con la democracia, la cual depende de la libre circulación de las opiniones y del acceso a la información que requiere la toma de decisiones; y, además, es lo que capacita a los ciudadanos para la tarea indispensable de exigir cuentas a los gobiernos o reclamar ante los abusos.

Resulta paradojal que esta comisión haya quedado bajo la jurisdicción del Ministerio de Ciencias. La ciencia, incluso más que otras disciplinas, en orden a que el conocimiento avance, exige la discusión libre y la expresión de disenso al margen de sus consecuencias políticas, la circulación de la mayor cantidad de perspectivas posibles, una actitud crítica para identificar fallas y proponer explicaciones alternativas y para desafiar el statu quo. En esta tarea, las ideas que aparecen controvertidas muchas veces juegan un papel importante en el acercamiento a la verdad.

Como ha señalado Cristián Warnken en una magnífica carta pública dirigida a la ministra Vallejo, resulta particularmente preocupante que esta iniciativa haya sido promovida principalmente por el Partido Comunista chileno, fiel a las teorías marxistas leninistas y a los gobiernos inspirados en dichas ideas. Vale la pena recordar que para Lenin, el inspirador y héroe de los partidos comunistas ortodoxos como el nuestro, la verdad es relativa y determinada por la posición de clase, y solamente un instrumento de poder a ser usado contra la burguesía y a favor del proletariado, pues la única verdad es aquello que ayuda a la revolución. En suma, no es un fin en sí misma y debe ser usada estratégicamente.

Por cierto, por ahora nuestro país tiene fortalezas suficientes para contrarrestar intentos totalitarios en materia de libertad intelectual, pero no necesita “ministerios del pensamiento” o “de la verdad” orwellianos que obstruyan la persecución desinteresada de la verdad.