Señor Director:

Triste espectáculo —y obviamente, más que eso— lo de Democracia Viva y la consiguiente reacción del mundo político.

Van tres preguntas: ¿Por qué seguimos confiando en que la investigación penal es la principal solución a estos escándalos cuando es la Administración la que debe realizar los sumarios que correspondan y determinar la legalidad o ilegalidad de la contratación y luego presentar denuncias si se constata lo segundo? ¿Por qué el contralor general congela la toma de razón de todos los contratos del Estado con fundaciones —castigando a inocentes—, en vez de liderar una investigación profunda por las posibles infracciones administrativas que revela la contratación de Democracia Viva? ¿No sería deseable, además, que se interpongan demandas civiles en contra de las personas que participaron en estos hechos?

Felipe Irarrázabal
Guillermo E. Zavala