Señor Director:

Soy miembro del Colegio de Abogados y de Libertades Públicas y he sido ministro del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados.

La mayoría de los casos denunciados al Colegio es por personas que habiendo pagado los servicios legales, eran abandonados por sus abogados o no recibían un buen servicio. La solución de esos problemas requiere un procedimiento civil de protección al consumidor expedito y el juicio ético de los pares no satisface esa pretensión.

Yo creo en las virtudes de la colegiatura y en la necesaria defensa que hace el colegio del ejercicio profesional, pero me parece que la colegiatura obligatoria es una mala política en que se restringe la libertad sin solucionar el problema. Distinto es que la sociedad valore más a los abogados sujetos al control ético del colegio que a los que no lo están. Difundir esas ventajas debiera ser la tarea del colegio, más que forzar la asociación que significará más financiamiento para esa organización y el riesgo de politizar el ejercicio de la profesión.

Dejada a la discusión política la colegiatura obligatoria versus la libertad, terminará restringiéndose la libertad, porque nadie marcha por ella hasta que se pierde y siempre se invocan buenas razones para restringir nuestras libertades en aras de otros bienes jurídicos. Por eso se creó Libertades Públicas, para defender la libertad porque defensores de los demás bienes jurídicos, sobran.

Gerardo Varela A.
Abogado