Señor Director:

El Congreso despachó el proyecto de ley que “sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente”, previo veto presidencial que corrigió solo aspectos formales y no sus defectos sustantivos.

Resulta llamativo el celo del legislador por abordar con dureza la “delincuencia de cuello y corbata” estigmatizando con ello al mundo empresarial, pero omitiendo dar el mismo trato a la “delincuencia sin corbata”, aquella que, como hemos visto en estos días con el caso de Democracia Viva, proviene de fundaciones, organizaciones no gubernamentales y, en general, entidades que supuestamente no persiguen fines de lucro. Tampoco se considera la misma severidad tratándose de funcionarios públicos.

Si bien la Ley Nº 21.121 fue un avance en el marco legal contra delitos de corrupción, no es menos cierto que el estatuto que ahora se consagra en materia de delitos económicos es muchísimo más estricto. Solo razones ideológicas pueden explicar esta radicalización punitiva y el trato diferenciado para la delincuencia económica.

En consecuencia, si se estima correcto este exceso punitivo, el Presidente de la República debiera mediante un veto aditivo incorporar un artículo que haga clara y expresamente aplicables todas sus normas a directivos de corporaciones, fundaciones y organizaciones no gubernamentales. Solo así podremos afirmar que la ley, siendo dura, es al menos pareja.

Gabriel Zaliasnik
Abogado
Profesor Derecho Penal, U. de Chile

Luis Varela Ventura
Abogado
Profesor Derecho Penal. U. de Antofagasta