Señor Director:

Desde que asumió este gobierno se anunció que, si no se aprobaba la reforma a la Constitución propuesta por la antigua Convención, no se iba a poder cumplir el programa de gobierno. El resultado es conocido, el 62% de los chilenos rechazó el proyecto e implícitamente envió un claro mensaje: modifiquen el programa de gobierno.

Pasado aquel hito, el ministro Marcel nos recuerda casi todas las semanas que, si no se aprueba una reforma tributaria, tampoco se va a poder cumplir el programa de gobierno. Lo único concreto hasta ahora es que el Parlamento rechazó el proyecto de Marcel con un claro mensaje: modifiquen el programa de gobierno.

El 62% de los chilenos y el Parlamento ya han dado su veredicto, modifiquen el programa de gobierno.

El Gobierno, mientras tanto, inmovilizado y, por una parte, nada hace para obtener recursos producto de acciones que sí puede tomar y, por la otra, aumenta el gasto en forma que no se condice con la supuesta falta de recursos. Resulta extraño que no se mencionen los cuantiosos recursos “extras” que se han recaudado (royalty minero, US$ 1.000 millones al año; IVA a los servicios tecnológicos, US$ 750 millones al año; del litio se recaudó más de US$ 4.000 millones el año pasado y este año va para lo mismo, y un largo etcétera).

¿Cómo obtener recursos sin subir impuestos? Se calcula que la evasión de impuestos y aranceles por el contrabando de ropa, cigarrillos, alcoholes y un sinnúmero de otros productos alcanzaría los US$ 3.000 millones al año. Un cálculo conservador nos dice que eso significa unos 10 camiones con acoplado, al día, pasando por algún paso fronterizo. ¿No será mas fácil instruir al Servicio de Aduanas y a las policías que controlen los pasos? ¿Y respecto del robo de madera en el sur, no lo debería controlar el SII y las policías para cobrar los impuestos respectivos?

No es esta la oportunidad de mencionar la cantidad de recursos que “no llegan” al Estado por la inacción ideológica del Gobierno, que tiene prácticamente paralizadas las concesiones de OO.PP., por no licitar el litio y múltiples “sobrerregulaciones” que frenan las inversiones productivas.

A pesar de todo lo anterior, se aumenta el gasto público en forma que no se condice con la supuesta falta de recursos. Según cifras oficiales, el Estado ha contratado solo durante este año a más de 90.000 nuevos empleados públicos. Un cálculo en extremo conservador nos indica que ello tiene un costo anual de US$ 1.400 millones. ¿Si supuestamente no hay recursos, para qué y por qué ese gasto?

La pregunta que nos debemos hacer es si se necesita subir nuevamente los impuestos. Todo indica que no.

José Yuraszeck T.