El propósito de un pacto fiscal es proveer de los recursos y medios necesarios para que el Estado pueda enfrentar urgencias que, junto con aquellas necesidades de la población que son permanentes y de largo plazo, requieren de una solución inmediata y que con las herramientas que actualmente se posee, no es posible hacerlo. Por lo mismo, los pactos fiscales contienen medidas que son transitorias y que concurren en paralelo con las demás medidas permanentes y en régimen como aquellas de una reforma tributaria.

El ministro Mario Marcel ha sido elocuente al mostrar su preocupación por las graves consecuencias que tendría para el país si el sistema político no logra ponerse de acuerdo sobre un pacto fiscal y tiene toda la razón para estarlo. Como acertadamente advierte, en las condiciones económicas, sociales y políticas por las que atraviesa el país, las condiciones fiscales vigentes son a todas luces insuficientes para satisfacer las necesidades de gasto que actualmente requiere el país y, sobre todo, para aquellas que corresponden a un país que quiere situarse con las economías avanzadas.

Por esto, es relevante resaltar que un pacto fiscal no se agota en una reforma tributaria. Un pacto fiscal como el que enfáticamente propone el ministro Marcel supone un acuerdo mayor sobre las condiciones que permitan generar reglas estables, eficientes y justas para la generación, recaudación y distribución de los recursos necesarios para que el Estado satisfaga de buena manera las necesidades y servicios urgentes junto con aquellas que son permanentes y que la comunidad le mandata a cumplir. En este sentido, un pacto fiscal busca al mismo tiempo implementar medidas que aseguren un uso más eficiente y efectivo de los recursos fiscales y, en paralelo, la generación de nuevos ingresos vinculados con la reforma tributaria que el Gobierno intenta impulsar.

Lo grave es que hoy estas necesidades que un pacto fiscal intenta solucionar se han vuelto más apremiantes y complejas y no aguantan más retrasos por parte de las autoridades. En efecto, dicha complejidad y urgencia derivan tanto de fenómenos que golpean de repente a un país como de procesos de más largo aliento cuyos efectos son cada vez más significativos en términos económicos y sociales. Así, por ejemplo, nuestro país sigue atravesando las serias consecuencias que dejó la pandemia en múltiples áreas, como en la economía, tanto a nivel de empleo y salarios, afectando especialmente a las mujeres más vulnerables. Además, muchas de las causas que gatillaron el estallido social siguen presentes y su urgencia no ha disminuido. Pensiones, salud y educación, por nombrar algunas de las áreas más complejas, siguen evidenciando las limitaciones y deficiencias conocidas que requieren ser tratadas de manera urgente y frente a las cuales el Estado no cuenta con las herramientas ni recursos suficientes para darles una solución. Se suma a lo anterior la ocurrencia de fenómenos más globales cuyos efectos son mucho más estructurales y permanentes en el tiempo, como, por ejemplo, la migración, la crisis climática derivada del calentamiento global y el progresivo envejecimiento de la población, las que generan —y lo seguirán haciendo— una presión fiscal aún más importante a los Estados.

Hemos visto cómo echar mano al endeudamiento no es una receta que sea sostenible en el tiempo. Desde inicios de la década pasada, y como ha sido señalado por múltiples expertos en distintas instancias, ha venido creciendo sostenidamente la deuda del Gobierno Central, más que triplicándose, desde un 12% del PIB en 2012 hasta un 38% del PIB a diciembre de 2022. Solo a modo de referencia, de acuerdo con los datos de la Dirección de Presupuestos, a diciembre de 2021 la deuda bruta del Gobierno Central alcanzó los $87.262.776 millones, equivalente a 36% del PIB, y en 2018 la deuda llegaba a un 26% (Dipres, 2023). Esto implica que solo en el último gobierno del presidente Piñera la deuda aumentó en 10 puntos porcentuales respecto del PIB. Por cierto, dicho aumento tiene parte importante de su explicación en el estallido social y en las medidas para hacer frente a la pandemia. Sin embargo, también nos muestra que, en las condiciones actuales, donde fenómenos complejos como los antes mencionados son más recurrentes, y afectan por igual a todos los gobiernos, sea cual sea el color político, los actuales ingresos no nos permiten como país generar recursos suficientes para solventar necesidades permanentes. Vale decir, hoy las fuentes de ingresos no logran cubrir por sí solas las necesidades de la población.

Todo lo anterior justifica exigirles a las fuerzas políticas que logren un acuerdo fiscal a la altura del desafío. Sin embargo, y esto es quizá lo más complejo de todo, lo que nos evidencia la necesaria elocuencia del ministro es que, en última instancia, la necesidad de alcanzar un pacto fiscal descansa en la capacidad del sistema político para canalizar estas urgencias de una manera que permita alcanzar respuestas efectivas que la comunidad exige. En las condiciones institucionales actuales, donde se observa una debilidad estructural del sistema político en su conjunto para lograr acuerdos de mediano y largo plazo acordes con una democracia madura, dicho acuerdo se ve cuesta arriba. Confío, sin embargo, en la capacidad y compromiso con el país de quienes intervienen en esta decisión, de que la democracia chilena, aun golpeada, es capaz de darles solución a los problemas de Chile.