En las últimas cinco décadas, el cambio más evidente en educación es el aumento de la cobertura, particularmente en educación inicial y superior. En 1973, las coberturas eran de 6,43 y 16 por ciento, respectivamente. En la actualidad ellas alcanzan, en el mismo orden, un 49,88 y 57 por ciento.

Es un fenómeno que también se ha dado en América Latina, pero no al ritmo nacional. Por ejemplo, el país que sigue a Chile en cobertura en educación superior tiene una tasa 10 puntos porcentuales inferior. En educación inicial no hay ningún país que se acerque a la nuestra. El gasto público en educación en 1973 alcanzó en dólares actuales una cifra aproximada de 2 mil 690 millones. Dicho gasto alcanzará este año un monto del orden de los 18 mil 375 millones de dólares. Indudablemente es un país con mayores ingresos, más niños y jóvenes estudiando y con políticas educacionales más complejas.

Con todo, el cambio más radical tiene que ver con la composición de la matrícula y el carácter del financiamiento en educación, que ha estado a la base de las transformaciones de la educación chilena. Una parte importante del debate educacional en el país está íntimamente ligada con estos fenómenos.

Los niños y jóvenes asistían en una gran mayoría a planteles estatales en 1973. En efecto, un 80 por ciento de la matrícula en ese entonces era estatal. En los 50 y en la primera parte de los 60 ella representaba aproximadamente dos tercios del total, pero la expansión de la matrícula de los años posteriores fue canalizada en instituciones estatales. En 1980 se generalizó el financiamiento vía subvenciones, que hasta ese entonces solo se utilizaba para la educación particular subvencionada y sujeta a cupos. Este mecanismo existía desde fines del siglo XIX y se consagró formalmente en la Ley de Instrucción Primaria de 1920, pero con su número definido anualmente en la Ley de Presupuestos. Ahora desaparecieron los cupos y dichos establecimientos podían expandir su matrícula. La educación estatal pasó a financiarse del mismo modo. Simultáneamente la educación estatal se traspasó a los municipios. Hace un buen tiempo se venía hablando en el país de la necesidad de descentralizar la educación. Estaba en el programa de gobierno de la Unidad Popular, pero claro, el modelo era otro.

La evolución de la matrícula ya no pasó a depender de los gobiernos, en particular de su decisión de cuántos cupos definir en el Presupuesto de la Nación para los planteles subvencionados. Y se produjeron cambios significativos. No al principio; en 1990 la matrícula escolar estatal aún alcanzaba el 60 por ciento de la total. Sin embargo, hoy solo llega a un 38 por ciento. La idea de que la educación escolar debe ser mayoritariamente estatal está presente en el debate, pero es difícil pensar que los cambios de las últimas décadas se puedan revertir. Los grupos medios que se ampliaron como consecuencia del proceso de modernización económica de este período, no se ven particularmente deseosos de volver atrás en esta materia.

Al mismo tiempo, los servicios locales de educación, que están reemplazando gradualmente a los municipios en la provisión de educación estatal, no parecen tener la fuerza para revertir estas cifras. De ahí que la discusión se vuelca, cada cierto tanto, a la redefinición de los mecanismos de financiamiento. Es un asunto que va a rondar el debate educacional no solo ahora, sino que también en el futuro.

En la educación superior los cambios han seguido un patrón similar. En 1973 casi el 70 por ciento de la matrícula asistía a instituciones estatales: las universidades de Chile y Técnica del Estado. En la actualidad el 17 por ciento de toda la matrícula de pregrado es de carácter estatal y 28 por ciento si solo se considera a las universidades.

Estas diferencias de proporciones se explican por la emergencia de una educación superior técnica profesional de carácter privado muy dinámica que no estaba presente en 1973. En este espacio, el Estado apenas se ha asomado.

En el último presupuesto de la UP el aporte público permitía financiar casi el 80 por ciento de los gastos de las instituciones de educación superior. Por cierto, con variaciones entre ellas. En la actualidad, no más del 38 por ciento de su financiamiento provendría del Estado (bajo definiciones más estrechas, ese aporte podría estar algo por debajo del 30 por ciento). Además, a diferencia de ese entonces, una parte relevante del financiamiento público sigue al estudiante. (En todo caso, los números para 1973 muestran que la asignación del presupuesto entre las 8 universidades existentes no difería demasiado de cómo se distribuían los estudiantes). Este cambio estructural sigue siendo objeto de grandes controversias. La gratuidad fue quizás el terreno donde se liberó una de las últimas confrontaciones en este persistente debate. Se mantuvo la nueva visión que liga al financiamiento más con el estudiante que la institución. Pero al igual que en educación escolar, es un asunto que no está zanjado.

Harald Beyer