Los partidos atraviesan una crisis generalizada. Desconfianza y mala evaluación ciudadana se suman al desinterés de nuevas generaciones por incorporarse a dichas organizaciones.

La democracia necesita partidos sólidos, pero sus dirigentes no pueden pretender suplir con coacción la eventual falta de liderazgo.

El texto de la Comisión Experta recién empieza a conocerse. Ahora toca analizarlo en detalle para reformar lo que sea necesario en el Consejo Constitucional, donde están representadas las mayorías que la ciudadanía libremente eligió.

Dos normas sobre partidos políticos, consagradas en ese texto, son especialmente dañinas para la democracia representativa.

La primera de ellas se refiere a la cesación en el cargo parlamentario del diputado o senador que renuncie al partido político que hubiera declarado su candidatura o que sea sancionado con su expulsión. Los partidos encontraron así una nueva forma de meterle la mano a la urna. Ellos pueden hacer que alguien elegido por la ciudadanía tenga que dejar su escaño en el Congreso y sea reemplazado por quien el partido designe.

Los parlamentarios solo deben ser destituidos si pierden algún requisito de elegibilidad o si incurren en delitos o faltas graves y objetivas establecidas en la Constitución. Pero dejar la permanencia en el cargo sujeta a la subjetividad de los órganos de un partido es vulnerar la decisión soberana de quienes lo eligieron. Si ese va a ser el camino, más coherente —aunque inconveniente— hubiera sido establecer un sistema de elección por listas cerradas. Es decir, los partidos compiten como tales y la gente vota por el partido.

La segunda norma que daña la democracia representativa, y que ya fue usada en la historia de Chile con muy malos resultados, es la de permitir las órdenes de partido. Un parlamentario elegido se debe a la ciudadanía, no a su partido y ni siquiera a sus propios electores. ¿Qué forma de democracia representativa puede existir si el parlamentario debe votar conforme a lo que le ordene el partido? ¿Qué pasa si es la directiva y no el diputado o senador quien se desvía de los principios fundantes de la colectividad? Un ejemplo reciente: la Democracia Cristiana llamó a aprobar el texto de la Convención, ¿correspondía que hubiera obligado a sus parlamentarios a obedecer esa decisión bajo la amenaza de perder sus cargos en el Congreso? Es evidente que no, porque ellos deben actuar conforme a sus propias convicciones y su deber primero es con la ciudadanía a quien representan.

Se necesitan partidos cohesionados, pero eso no puede lograrse pasando por encima de la representación popular. Los expertos designados por las distintas colectividades políticas han optado por reglas de coacción para intentar ordenarlos. El riesgo hoy es que se configure una colusión de los dirigentes partidistas para mantener estas normas. Porque les deben resultar bastante cómodas.

Más que órdenes de partidos o pérdidas de cargo parlamentario, el esfuerzo debe estar puesto en elegir mejor a los candidatos que se llevan a una elección y en el liderazgo interno para alimentar un debate doctrinario permanente. Ambas cosas, bastante ausentes en los partidos actuales. Quien es conocido (por las razones que sea), tiene un cupo en la plantilla electoral, da lo mismo lo que piense. Y de discusión interna, poca. Cualquier diferencia con las directivas de turno es calificada de ataque personal o deslealtad.

Es urgente fortalecer los partidos y para eso se requiere que representen causas más que intereses; que tengan un posicionamiento reconocible; que promuevan ideas; que avancen hacia liderazgos más horizontales y participativos; con normas de probidad y transparencia mucho más exigentes y que cualquier militante pueda acceder a una candidatura basado en sus méritos personales y no por parentesco o amistad con los dirigentes.

Las normas del texto de los expertos no solo afectan la democracia representativa, sino además pavimentan el camino hacia un daño adicional. La combinación de financiamiento estatal asegurado más las órdenes de partido y el poder de quitar el cargo a un parlamentario por una mera decisión interna, facilita la corrupción. Se debe evitar que el sistema se transforme en una dictadura de las directivas de los partidos, que pueden terminar, en la práctica, administrando unas verdaderas pymes políticas.

Marcela Cubillos