Una de las tareas del Congreso es fiscalizar los actos del gobierno: un rol importante, pero cada vez peor utilizado. Si hace un tiempo se acusaba constitucionalmente a uno o dos ministros por gobierno, del pasado fueron siete y del actual llevamos cuatro. Suena mucho para una herramienta que debiera usarse “por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado estas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno”. Estas acusaciones crispan el ambiente, suelen terminar en nada y, aun cuando se aprueban, la sensación es que se usaron para propinar un golpe al gobierno (tal vez por “el natural deseo de los parlamentarios de equiparar su estatus y poder a los del Presidente”, el que delataba Boeninger en 2009 y que develó sin pudor el senador Quintana cuando decretó un parlamentarismo de facto).

En tanto, las comisiones investigadoras se incorporaron en la reforma constitucional de 2005 y no han dejado de aumentar: si entre 2006 y 2010 hubo 18, en Piñera II hubo 59, a las cuales nuestros parlamentarios dedicaron más de mil horas de trabajo (Ossa, 2023). Las comisiones incluyen casos en que es dudoso que haya actos de gobierno involucrados y, menos aún, una ventaja comparativa de la Cámara para investigar, como el contrabando de productos falsificados de La Polar o la falla de San Ramón.

¿Hará buen uso de su tiempo el Congreso —una de las instituciones en las que la población menos confía— al fiscalizar así? Según un estudio del PNUD de 2018, para las personas la tarea más importante del Congreso es que represente sus intereses (43%), seguida por elaborar y aprobar leyes (34%) y, por último, fiscalizar los actos del gobierno (14%). Es más, entre 2010 y 2018, la importancia atribuida a legislar aumentó de 27 a 34%, mientras que la de fiscalizar cayó 5 puntos. Posiblemente ello se deba a la frustración de ver que, mientras los políticos, ávidos de atención, se dan golpes, los problemas siguen sin resolverse.

El borrador constitucional propuesto por la Comisión Experta incluye medidas para reducir el mal uso de estas herramientas fiscalizadoras. Se aumentan las firmas requeridas para la acusación (de 10 a 15 diputados) y, para los ministros, debe haber antes una interpelación. Se aumentan los quorum para que el Senado apruebe la acusación (de 1/2 a 3/5) y se pide, además, que resuelvan solo quienes asistan a las sesiones donde se revise. Sobre las comisiones investigadoras, deberán tener objetivos pormenorizados y se impide que se prorroguen sus plazos, algo usual hoy. Las medidas para fortalecer a los partidos debieran también ayudar en esto.

Esperemos que el Consejo Constitucional refrende estos avances. La oposición actual sufrió antes el ímpetu acusador de quienes hoy son gobierno (llegando al absurdo de acusar a un ministro por querer volver a clases). La tentación de devolver la mano es grande, pero eso no convierte una mala gestión y prioridades educativas equivocadas en una infracción constitucional. Seguir destinando energías a enfrentarse con el Gobierno, mientras la reforma de pensiones y otras tantas no avanzan, solo aumenta el descontento y perpetúa este mal ciclo.