Un sistema que asigne responsabilidades en lo relativo a la utilización y asignación de recursos públicos, y que resguarde los intereses de la población, representa un marco institucional básico para cualquier democracia moderna. La ausencia de este tipo de estructuras facilita la mala utilización de los fondos fiscales y es caldo de cultivo para la corrupción. Así, cualquier señal respecto de este tipo de problemáticas debe ser atendida con prontitud y diligencia. Por lo mismo, es ampliamente justificado el impacto que ha generado en la opinión pública el caso de la Fundación Democracia Viva, cuyos principales dirigentes están vinculados al partido Revolución Democrática.

Si bien las investigaciones en curso deberán establecer la posible existencia de delitos y responsabilidades penales —urge por eso una actitud proactiva del Ministerio Público, que le permita acceder con prontitud e incautar los eventuales medios de prueba—, los convenios por más de 400 millones de pesos suscritos entre la Secretaría Regional Ministerial de la Vivienda de Antofagasta y la referida fundación no solo desmienten los arrestos de superioridad moral de una parte del oficialismo, sino que también revelan inquietantes falencias institucionales.

Distintas son las aristas del caso que generan preocupación. Un primer elemento es que la transacción fue el resultado de un trato directo (no hubo licitación) entre las partes, lo que es una peculiaridad dado el monto involucrado y las características de una fundación con nula experiencia en el área, aunque sí con trayectoria en tareas de activismo político, incluido su papel en la campaña del Apruebo. Desde luego, debe esclarecerse la aparente inexistencia de boletas de garantía —resguardo mínimo en este tipo de transacciones—; la entrega en un solo pago, antes de iniciarse cualquier obra, de las ingentes sumas de dinero comprometidas; la naturaleza de todas las labores a ejecutar; el real valor de las obras con que la entidad ha intentado justificar su trabajo; los conflictos de interés evidenciados, y también los antecedentes que se han conocido respecto de otros convenios del Estado con fundaciones tanto en Antofagasta como en otras regiones del país. Fundamental es, igualmente, establecer de qué modo el Ministerio de la Vivienda procesó la denuncia que funcionarios de la zona hicieron llegar a la subsecretaria —y militante RD—, qué acciones tomó esta en cumplimiento de sus deberes funcionarios, y por qué la remoción del Seremi y la decisión de rescindir los convenios solo vinieron a decidirse luego de que el caso se hiciera público. Inevitable es la suspicacia ante las contradicciones todavía no aclaradas del todo entre el ministro de esa cartera y el presidente de Revolución Democrática. El deber de denuncia frente al conocimiento de posibles delitos es clave para el buen funcionamiento del Estado.

Pero el caso también da cuenta de problemas estructurales en otros ámbitos del aparato público. Es de todo sentido que el Estado recurra y apoye a entidades de la sociedad civil para ejecutar acciones de interés público en las cuales ellas tienen ventajas, por su especialización y conocimiento. Con los resguardos de probidad necesarios y un diseño que asegure la eficiente utilización de los recursos, la democracia puede ser fortalecida a partir de esta lógica. Sin embargo, un pilar estructural del éxito de este tipo de acciones pasa por una asignación de fondos decidida a partir de parámetros objetivos y reglas impersonales. Concursos públicos abiertos y transparentes, en donde múltiples organizaciones puedan competir en función de criterios predefinidos, que apunten a maximizar la rentabilidad social de las actividades, representan resguardos fundamentales. Así, mientras se elige al mejor postulante, el resto de los participantes tiene los incentivos para fiscalizar la asignación y utilización de los recursos asignados. Esto, sumado al trabajo de instituciones como la Contraloría General de la República, debería asegurar el fortalecimiento de instituciones conformadas al alero de la sociedad civil, central en cualquier democracia moderna.

Nada indica que el contrato en cuestión haya apuntado en esta dirección. La discrecionalidad que rodeó toda esta operación muestra una institucionalidad absolutamente superada y, peor aún, levanta una grave interrogante respecto de qué tan extendidas pueden estar situaciones como esta en nuestro aparato público.