Conforme avanzan las horas, más antecedentes quedan al descubierto sobre el caso que mantiene en vilo al oficialismo, ante los convenios con fondos públicos cercanos a los $426 millones entre la fundación Democracia Viva, de Daniel Andrade, pareja de la autosuspendida vicepresidenta de la Cámara, Catalina Pérez, y Carlos Contreras, exseremi del Minvu en la Segunda Región, quien actuaba como contraparte en la firma de los contratos con el Serviu regional. Antofagasta y todos militantes de RD, del Frente Amplio, son parte de las coincidencias del caso que remece al bloque que forma parte de la principal base de apoyo del Presidente Gabriel Boric, Apruebo Dignidad.

Entre los datos recientes está que el 2 de mayo pasado, funcionarios del Serviu de Antofagasta pusieron en alerta a las autoridades del nivel central del Ministerio de Vivienda del caso de Democracia Viva; pero no solo eso, dieron cuenta de otros antecedentes. Lo hicieron mediante un correo electrónico remitido por la Asociación de Funcionarios del Serviu, a cargo de Carla Olivares, quien pone entre los destinatarios de la información a la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, además de un extenso listado de autoridades del Ministerio de Vivienda.

Los destinatarios se pueden leer en el email al que accedió “El Mercurio”, en el que su remitente alerta: “Junto con saludar, me dirijo a ustedes en calidad de presidenta de la Asociación de Funcionarios Serviu, para exponer una situación delicada y compleja que desde hace un tiempo y a la fecha ha estado atravesando el equipo de Asentamientos Precarios, por lo que pido a todos y todas atender la problemática que hoy estamos atravesando por responsabilidad única del Sr. Carlos Contreras, seremi Minvu, Región Antofagasta”.

El programa antes mencionado —prosigue el correo electrónico— “desarrolla su intervención en los diferentes campamentos de la región a través de una serie de convenios de colaboración entre seremi-Minvu-Serviu y fundaciones. Desde el momento en que el seremi asume sus funciones, se nos ha marginado de toda decisión respecto de temas de relevancia para nuestra labor. Desde hace un tiempo se han presentado algunas situaciones que nos preocupan, dado que a juicio del equipo —al cual también pertenezco— no se estaría dando cumplimiento a la Cláusula Tercera de los Convenios ‘sobre la correcta utilización de los recursos'”, advierten los funcionarios, colocando en letras mayúsculas la cláusula tercera y entrecomillado el buen uso de recursos.

Pero al enumerar “los temas que resultan de alta complejidad”, es posible llegar al caso más contingente: “La fundación Democracia Viva, actualmente posee 02 Convenios cuyo Director —quien firmó los convenios— es la pareja de la Diputada Srta. Catalina Pérez, lo que nos parece complejo puesto que el seremi es del mismo partido político. A su vez, dicho Director celebró estos convenios en el mes de octubre de 2022, mismo mes en el cual ya era asesor del Ministerio de Defensa”.

“Se jacta de ser amigo...”

Después de no tener eco entre las autoridades, los funcionarios contactaron al diputado por Antofagasta Jaime Araya (ind.). El parlamentario contó el mensaje que le llegó de la agrupación: “Hola, me conseguí su contacto por la desesperación que tenemos por la forma en que hemos sido amenazados por parte del seremi de Vivienda de Antofagasta, quien se jacta de ser amigo personal de la diputada Catalina Pérez, que además es vicepresidente de la Cámara. Son tantas las irregularidades que hemos denunciado, y por eso estamos siendo maltratados y perseguidos”.

Consultado, el diputado Jaime Araya confirmó que “el día 01 de junio me enviaron por WhatsApp copia del correo que contiene la denuncia de los funcionarios de Serviu, inmediatamente requerí más antecedentes y no tuve respuesta, por lo que he estado recopilando antecedentes más precisos, a través de fuentes abiertas. En el correo se aprecia claramente que en mayo los funcionarios advirtieron esta situación, a sus superiores”.

De la información, el parlamentario cree “son antecedentes graves. La ley de probidad es clarísima al señalar que cualquier funcionario público debe abstenerse de tomar alguna decisión que favorezca a cercanos, sean amigos o familiares, ese deber de abstención lo tenían el seremi de Vivienda y el presidente de la fundación. Ellos deben explicar quién llamó a quién para concretar esto. Por lo demás si los propios convenios impedían la entrega de recursos, si había rendiciones pendientes, ¿cómo fue posible que entregaran recursos en una segunda y tercera oportunidad? Hay muchas preguntas y pocas respuestas”.

Arremetida de la oposición

En paralelo, la oposición no solo se quedó en su arremetida fiscalizadora mediante acciones derivadas del mandato que les otorga a los diputados ser parte de la Cámara, sino que concretarán la interposición de querellas y, además, solicitarán la revisión a nivel nacional de todos los convenios entre las seremías y fundaciones. Así lo comentó el diputado UDI Juan Antonio Coloma.

El parlamentario anticipó que hoy concurrirán al Servel para hacer una petición al servicio, en orden a que clarifique si Democracia Viva fue parte de la campaña del Apruebo y comprobar así la existencia de hechos que eventualmente puedan revestir irregularidades.

A los esfuerzos de fiscalización y la petición de justicia de republicanos se suman los de RN; su jefe de bancada, Frank Sauerbaum, advirtió tener antecedentes de casos similares a lo ocurrido en Antofagasta en otras regiones. “Hay dos regiones donde los seremis son RD y utilizan la figura similar con esta misma organización. Además, tenemos antecedentes de que esta misma organización se ha formado básicamente para promover acciones políticas como el Apruebo y, por lo tanto, la investigación tiene que ser profunda justamente para velar por el buen uso de los recursos públicos”, explicó el parlamentario.

Además, dijo Sauerbaum, “tenemos antecedentes de que estas mismas figuras se están utilizando en RD en otras regiones del país y es lo que vamos a investigar. El Ministerio de Vivienda no se puede transformar en la caja pagadora de RD ni en financista de su proyecto político”.

Los nuevos antecedentes aportados por Araya y las acciones de fiscalización de Chile Vamos avanzarán en paralelo a las decisiones que se espera adopte el Ministerio Público en el caso, para el que ya nombró un fiscal.