Señor Director:

Las recientes declaraciones del señor ministro de Hacienda sobre el financiamiento de la PGU sorprenden negativamente y dañan las instituciones en un momento en que se buscaría, por el Gobierno, llegar a acuerdos en diversas materias.

La aprobación de la PGU tuvo un profundo debate en el Congreso Nacional, pues mientras se legisló la creación de este beneficio, se discutían medidas que contribuyeron a su financiamiento.

Tal como mandata la Constitución, el Congreso no puede aprobar un nuevo gasto sin señalar las fuentes de financiamiento, razón por la cual, en sendos debates entre el Gobierno y parlamentarios de la época, en enero de 2022, se expusieron los Informes Financieros N° 163 de 2021 y N° 12 de 2022, relativos a la estimación de mayores ingresos por la reducción y eliminación de exenciones, así como el Informe Financiero N° 16 de 2022, que acompañó el despacho de la Pensión Garantizada Universal, todos informes públicos de la Dirección de Presupuestos.

De esta forma, el financiamiento aprobado implicó la eliminación o modificación de algunas exenciones tributarias (0,67% del PIB), más el uso de la provisión destinada en la Ley de Presupuestos 2022 y su Programa Financiero para la reforma de pensiones (0,5% del PIB).

Así, sorprende que la profundidad del debate técnico, que incluso abordó la crítica sobre la programación financiera en el contexto de déficit estructural, hoy sea cuestionada. Señalar que no se contó con financiamiento, es desconocer la institucionalidad fiscal, los aportes del Consejo Fiscal que se tuvieron a la vista para hacer modificaciones a la propuesta y los propios Informes de Finanzas Públicas que explican la proyección de gasto comprometido en el mediano plazo.

El ministro Marcel señala estar buscando oportunidades de acuerdo. Una buena noticia siempre será que, sobre la mesa, prime la responsabilidad fiscal y que el Gobierno, para cumplir su programa, busque ingresos permanentes. Sin embargo, pierde oportunidades cuando, por una parte, en materia tributaria, el Gobierno ha desviado la sede, con un desaire al Congreso, y ahora lo hace nuevamente, en materia de pensiones, criticando un beneficio debatido a nivel técnico y apoyado transversalmente.

Esperemos volver al debate de fondo: mayor crecimiento tendencial, reasignaciones, mayor eficiencia del gasto, y nuevos ingresos tributarios. En ese orden.

Cristina Torres Delgado
Exdirectora de Presupuestos