El programa de gobierno del Presidente Boric contemplaba una importante reforma tributaria para financiar un conjunto de políticas públicas de carácter social que beneficiarían a millones de chilenos y chilenas.

Dicha reforma se legisló durante meses en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde la mayoría oficialista se impuso; sin embargo, cuando esta pasó a la sala, todas las derechas rechazaron la idea de legislar. Cuando eso ocurre, el proyecto queda congelado por un año, salvo que el Presidente, medida que anunció en su Cuenta Pública, reitere el proyecto ante el Senado, pero con el requisito de que sea refrendado a lo menos por dos tercios. La correlación de fuerzas del Senado contempla solo 18 senadores oficialistas, cifra que podría aumentar con los tres democratacristianos, más Fabiola Campillai y Karim Bianchi, lo que daría 22 votos a favor, lo que hace imposible lograr el quorum. De tal manera que reanudar el debate tributario depende de la votación de los senadores Rincón y Walker, los 11 de RN, los 9 de la UDI, los 3 de Evópoli y los 2 republicanos.

La recaudación persigue financiar las siguientes políticas sociales: aumentar la Pensión Garantizada Universal (PGU) de los actuales $206.000 a $250.000. El costo de ese aumento es de US$ 3.000 millones. Esta política alcanza hoy al 90% de los mayores de 65 años, más de 2.100.000 personas, y es muy relevante dadas las bajísimas pensiones autofinanciadas en promedio. Por ejemplo: la última cohorte de pensionados por vejez de principios de este año alcanzó una pensión promedio autofinanciada de $212.000. De allí la importancia de la PGU y del reajuste comprometido en la reforma, considerando que los $212.000 de la pensión autofinanciada más los $250.000 que persigue el proyecto dejan a la PGU prácticamente en la mediana de los salarios en Chile, que alcanza a $458.000.

El segundo fin de la recaudación es aumentar el presupuesto de Carabineros y de la PDI para mejorar su infraestructura y equipamiento, además de recontratar y/o formar más de mil nuevos carabineros. Estas medidas requieren de US$ 1.500 millones.

El tercer objetivo de la reforma es la sala cuna universal. En Chile la cobertura del nivel preescolar es muy diferenciada, así es como el kínder tiene una cobertura cercana al 100%; el prekínder, una cobertura aproximada al 80%; el jardín infantil, algo más del 50%, y el principal déficit está en las salas cuna, de allí la importancia de esta política pública que favorece a las madres, porque les permite acceder con tranquilidad al mercado laboral y así aumentar ingresos de ese hogar. Esta política requiere financiamiento del orden de los US$ 1.500 millones.

En salud, la reforma tributaria contempla el financiamiento de dos grandes objetivos: disminución de las listas de espera en sector público de un tercio de los requirentes y reajustar en un 20% la atención primaria de administración municipal pero de financiamiento nacional. La atención primaria municipal hoy se financia con $10.00 mensuales por cada vecino inscrito en el respectivo consultorio; en consecuencia, de lo que se trata es de elevar esa cifra a $12.000. Ambas medidas benefician a millones de personas.

Si sumo los requerimientos antes descritos, las políticas mencionadas requieren de US$ 7.500 millones para llevarlas a la práctica, sin considerar los compromisos de campaña referidos a la condonación de la deuda del CAE, así como el pago de la deuda histórica de los profesores, como también financiar el sistema de cuidados.

Hasta ahora el Gobierno ha logrado, con la aprobación del royalty, US$ 1.450 millones; de los cuales, US$ 450 millones están destinados a financiar inversión de carácter regional y local para los 16 gobiernos regionales, las 32 comunas mineras y las 301 comunas más vulnerables; de tal manera que solo se disponen para los objetivos planteados de US$ 1.000 millones. Lo anterior hace imprescindible aprobar a lo menos en parte la reforma tributaria del Gobierno, como por ejemplo: las normas antielusión y antievasión, que de acuerdo al informe financiero respectivo permitirían recaudar US$ 4.800 millones. Cabe consignar que dicha cifra no alcanza al 25% de lo que de acuerdo a un estudio del exdirector del Servicio de Impuestos Internos Michel Jorratt estimó en US$ 21.000 anuales la evasión y elusión en Chile, e incluso su estudio desagrega dicha realidad consignando 22% de evasión en el IVA, 34% de elusión y evasión en el impuesto de primera categoría y 70% de elusión y evasión en el global complementario. Asimismo, se podría aprobar la eliminación de algunas exenciones tributarias que alcanzarían a recaudar alrededor de US$ 1.200 millones. La aprobación de las medidas mencionadas permitiría alcanzar, más el royalty, alrededor de US$ 7.000 millones, cubriendo gran parte de las necesidades financieras para las políticas sociales mencionadas. Asimismo, la derecha ha recurrido permanentemente a la necesidad de reducción del gasto fiscal y el último informe de Clapes UC ha mencionado que esa reducción podría alcanzar los US$ 2.000 millones. Cabe consignar que dicha cifra alcanza a un poco más del 2% del presupuesto de este año.

Pensando en los beneficios para millones de chilenos y chilenas que contempla la reforma tributaria con su financiamiento, es de esperar que los senadores de derecha acojan la petición presidencial de reiniciar en dicha Cámara la deliberación sobre esta importante materia.