El Estado social no es enemigo del Estado liberal y tampoco tiene la pretensión de sustituirlo. Por su parte, la adopción de algunas modalidades de democracia directa no contradice a la democracia representativa ni obedece al propósito de reemplazarla. El Estado social complementa y expande el Estado liberal, mientras que algunas formas de democracia directa refuerzan a la de tipo representativo

El artículo primero del anteproyecto de la Comisión Experta dice que “la dignidad humana es inviolable” y que “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, lo cual, según creo, justifica los dos siguientes alcances: las personas no solo nacen iguales en dignidad, es decir, con un mismo y parejo valor en cuanto tales, sino que, además, permanecen iguales en dignidad. Ese similar valor que nos reconocemos intersubjetivamente —nadie es más que nadie— permanece durante la vida de todos, sin importar la biografía de las personas, los éxitos y fracasos que puedan tener, o las faltas en que incurran y las virtudes que ostenten. La dignidad no es contingente y se adhiere a cada sujeto como la piel que cubre nuestros cuerpos, sin que dependa de los avatares de cada existencia individual ni que oscile a más o menos según sean las circunstancias de tal existencia. El segundo alcance es este: no nacemos con igualdad de derechos —así, en general—, sino en determinados derechos que llamamos “fundamentales” y que son declarados por las Constituciones de los Estados y por tratados internacionales. A la creatura que está en el vientre materno es posible transmitirle un derecho patrimonial cualquiera y, llegado el momento, ese recién nacido tendrá más derechos, pero no por ello tendrá más derechos fundamentales.

Desde el siglo XVII en adelante, el naciente Estado liberal, o sea, de libertades individuales, reemplazó al Estado monárquico de tipo absoluto, pero el actual Estado social no viene a hacer lo mismo con el Estado liberal. Todo lo contrario, un Estado social que declara derechos sociales que garantizan un acceso universal a bienes básicos sin los cuales nadie puede llevar una vida responsable y autónoma —asistencia sanitaria, educación, vivienda, ingresos justos por el trabajo, previsión— y que hacen posible que personas antes excluidas de tales bienes puedan ejercer eficazmente sus libertades, es un Estado funcional al Estado liberal y no enemigo de este.

Suena bastante débil en la propuesta de la Comisión Experta que se diga que es deber de los órganos del Estado respetar y promover el derecho a participar en los asuntos de interés público, “tendiendo a favorecer una amplia deliberación ciudadana”. ¿Por qué “tendiendo a favorecer” y no “favoreciendo” dicha participación? Se percibe aquí un temor a la participación y, en definitiva, a la propia democracia. A la vez, el texto declara que “una ley institucional establecerá mecanismos de participación ciudadana en el proceso de formación de la ley”, en circunstancias de que la propia propuesta podría haber autorizado alguna forma de participación directa; por ejemplo, la iniciativa popular de ley y hasta de reforma constitucional.

Una autorización como esa no acabaría con la democracia representativa, sino que la apuntalaría. La democracia representativa, a través de representantes electos, está hoy en crisis prácticamente en todo el mundo, y acompañarla de algunas modalidades de democracia directa, lejos de pulverizarla, podría ser una de las tablas de salvación para ella. Tales modalidades no vendrían a sustituir la democracia representativa por una directa, sino a hacer más atractiva para los electores la primera de ellas.

Tal como se perdió ya el miedo al Estado social, lo mismo debería hacerse con modalidades de democracia directa: el primero expande un Estado de libertades, mientras que las segundas lanzan un cable a una democracia representativa que parece estar ahogándose en medio de su desprestigio.