El más peligroso proceso criminal, de los muchos que enfrenta Donald Trump, se formalizó ayer ante la jueza federal de Florida, Aileen M. Cannon.

El expresidente arriesga entre 4 y 20 años de prisión. La acusación presenta 37 cargos por retención y remoción indebida, ocultación, falsedades y obstrucción a la justicia y negligente custodia de documentos presidenciales, algunos clasificados de secretos y ultrasecretos.

Entre los antecedentes retenidos destacan documentos relativos a capacidades bélicas de Estados Unidos, vulnerabilidades de programas nucleares, planes de guerra y represalias, entre otros, que el mandatario mantuvo indebidamente en su residencia en Florida. También retuvo, sin autorización, intercambios de cartas con líderes políticos, contraviniendo la estricta Ley sobre Archivos Presidenciales, adoptada luego del escándalo Watergate, a raíz del ocultamiento y destrucción de grabaciones de conversaciones entre el Presidente Richard Nixon y su equipo en la Casa Blanca.

Complicada se anticipa la defensa de Trump, por la gravedad de los cargos, especificidad de la legislación aplicable, conocimiento y personal involucramiento en los hechos.

No le ayuda a la defensa invocar la eventual parcialidad de la justicia, considerando que la jueza Cannon, a cargo del juicio, acogió una moción dilatoria del proceso mediante una resolución revertida por la unanimidad de la Corte de Apelaciones del 11° Circuito. Cannon, además, fue nominada por Trump, aunque entre otros 200 jueces designados durante su administración. Tampoco le favorece el reciente precedente de la justicia de Florida que, a comienzos de mes, condenó a Robert Birchum, teniente coronel de la Fuerza Aérea, héroe de guerra, por la posesión en su domicilio de 300 documentos clasificados de secretos. A diferencia de Trump, Birchum se declaró culpable.

Discutible que beneficie a Trump su condición de expresidente, teniendo presente las mayores exigencias de prudencia y cuidado propias de su alto cargo. Habrá que considerar, con todo, que el Presidente Biden, el exvicepresidente Pence y algunos de sus predecesores mantuvieron indebidamente en sus domicilios documentos clasificados, requeridos por el Archivo Presidencial, y que Hillary Clinton fue acusada de destruir y descuidar información clasificada.

Como era predecible, Trump se ha declarado inocente, recurriendo a la victimización, denuncias de maquinaciones y conspiraciones desde el Partido Demócrata, con el único propósito de impedir o malograr su postulación a la reelección presidencial.

Como la mayoría de los procesos judiciales de trascendencia, el caso presenta una determinante dimensión política. En ese ámbito, la estrategia de Trump parece por ahora funcionar. A pesar de la acumulación de causas judiciales y pruebas de participaciones delictuales, el expresidente mantiene la lealtad de la gran mayoría de sus electores y el apoyo del Partido Republicano, ya sea indiferentes ante los cargos o convencidos de su inocencia. Incluso surgen condiciones para aumentar el respaldo electoral y —comprobadamente— también los aportes financieros a su campaña. Trump continúa siendo, por lejos, el principal contendor de Joe Biden, con posibilidades de superarlo.

El proceso podría durar largo tiempo y no impide al exmandatario hacer campaña, no estando sujeto a medida cautelar alguna. La sentencia podría dictarse, con alta probabilidad, después de las elecciones primarias del Partido Republicano e incluso con posterioridad a las presidenciales de 2024.

De ser entonces electo Trump, el Departamento de Justicia retiraría la acusación o, bien, el propio jefe de Estado podría otorgarse el perdón presidencial. Como otros han expresado, Trump podría debatirse entre la prisión y la Casa Blanca.