El Gobierno ha retomado su impulso para lograr aprobar una reforma tributaria, esta vez en un concepto más amplio, que aborda temas adicionales a los impuestos. Esta es una oportunidad, porque indica que las autoridades se han dado cuenta de que el camino de reflotar la reforma tributaria que naufragó en la Cámara de Diputados en marzo pasado no tiene destino.

En particular, el Ejecutivo debe abandonar su pretensión de recaudar por la vía de impuestos que golpean el ahorro, la inversión y el crecimiento. Así, los impuestos al patrimonio y a las utilidades retenidas y los gravámenes que golpean al mercado de capitales (donde se canaliza el ahorro a los proyectos de inversión), entre otros, no deberían tener cabida en un nuevo proyecto.

Hay que considerar también que ya se ha aprobado un royalty minero que recauda unos 0,45 puntos del PIB por año y que se espera lograr otro tanto con un proyecto futuro de impuestos correctivos. Entre ambos proyectos, el Ejecutivo puede llegar a recaudar cerca de 0,9% del PIB. ¿Cuánto más allá se puede ir? Recaudar al menos dos puntos adicionales del PIB, como pretende el Gobierno, hoy no parece viable. Más bien, las posibilidades de un acuerdo amplio están en el control de la evasión y elusión, lo que podría rendir en torno a 1,6 puntos del PIB de acuerdo con las estimaciones oficiales. En cualquier caso, avanzar en este último punto no significa avalar el texto de código tributario que propuso en su proyecto el Gobierno, porque es necesario también resguardar los legítimos derechos de los contribuyentes.

Un pacto fiscal debe considerar, asimismo, una genuina preocupación y medidas de estímulo al crecimiento económico, lo que no ha estado presente hasta el momento en las prioridades de esta administración. El crecimiento genera oportunidades para las personas y las pymes, y es un gran recaudador fiscal. Solo un 1% más de crecimiento anual en un período de cuatro años significa un aumento acumulado de, aproximadamente, US$ 8.000 millones en los ingresos fiscales.

Un pacto fiscal tampoco puede dejar de lado una significativa contribución de mayor eficiencia en el gasto público. Cuando la evidencia sobre el uso deficiente de los recursos públicos en algunos programas (como gas a precio justo o ejecución de los Panamericanos) ha golpeado a la opinión pública, no es posible decir que no se puede mejorar el gasto fiscal. Afortunadamente, también se ve una disposición distinta de la autoridad en este tema, que ahora sí parece dispuesta a incorporarlo en la agenda.

Desde este mismo espacio hemos planteado que si el Gobierno hiciera un esfuerzo importante por mejorar en forma sostenida la calidad del gasto público, podría obtener recursos por algo más de 1 punto del PIB. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, más del 40% de los programas sociales no cumple sus objetivos y así nuestro país malgasta cerca de 0,8 puntos del PIB (unos US$ 2.400 millones) por año. Al menos, la mitad de estos recursos (0,4% del PIB) puede redirigirse a prioridades sociales, esfuerzo de monto similar al que se hizo en 2014 y 2018.

Por otra parte, la Fiscalía Nacional Económica elaboró en 2020 un informe donde señaló que por falta de competencia el Estado pierde hasta US$ 855 millones al año en compras públicas. Propuso una serie de recomendaciones que se tradujeron en un proyecto de ley hoy dormido en el Congreso. El proyecto apunta a optimizar la competencia y eficiencia en las compras públicas, amplía su cobertura a todos los órganos del Estado y aumenta los niveles de transparencia, entre otras propuestas. Implementar estas reformas permitiría contribuir con otros 0,3 puntos del PIB.

Así, si sumamos las mejoras en programas sociales a la mitad de su potencial y en compras públicas, el Gobierno podría obtener unos 0,7 puntos del PIB.

Un pacto fiscal de este tipo también contribuiría enormemente a reducir la todavía importante incertidumbre que existe en nuestro país, según nos revela mes a mes el índice de incertidumbre económica de Clapes UC. Esto produciría un círculo virtuoso al estimular el ahorro, la inversión, el crecimiento y el empleo. Y eso no es poco en las circunstancias que vive hoy nuestro país.

Felipe Larraín B.
Director Clapes UC Profesor titular Economía UC